Por José Luis Gil, publicado en Perú21

Las festividades por el Día del Trabajo en la ciudad de Lima terminaron abruptamente para el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, luego de que la camioneta en la que se desplazaba sufrió un aparatoso y espectacular accidente de tránsito en el peaje.

Lo sorprendente vino después. Cámaras de televisión captaban un “rescate” espectacular que hacían los miembros de Serenazgo de dicha comuna, sacándolo de una ambulancia y llevándolo hacia un vehículo particular para “desaparecer” de la escena del accidente. Se abrieron paso a golpes, incluso, contra la propia Policía que estuvo en el lugar.

En su defensa, Espinoza ha esbozado el argumento que quien conducía el vehículo era el funcionario Roy Huallpa, a pesar de que este no contaba con licencia de conducir, y, por tanto, no debió pasar dosaje etílico. Como es evidente, las autoridades dudan de esta versión y han iniciado las investigaciones para establecer responsabilidades.

El asunto es grave para el alcalde que tiene tanta aceptación y arraigo en esta zona de Puente Piedra; sin embargo, este tema plantea otro problema: el uso de Serenazgo como fuerza pública para cometer actos delictivos como sustraer a una autoridad, en tanto su jefe, de la acción de la justicia.

Ya lo dijo el congresista Fernando Rospigliosi en su videocolumna publicada ayer: “Esta es una muestra de cómo los serenos de un distrito pueden ser mal utilizados. Esto podría ocurrir en muchísimos lugares del Perú, que podrían llevar al caos”; en otro momento dice: “Muchas veces los municipios y los alcaldes están controlados por estas mafias (criminalidad organizada, narcotráfico o minería ilegal). Esos alcaldes convertirían a los serenazgos o policías municipales en banda de sicarios”.

No le falta razón si tomamos en cuenta que, en muchas administraciones regionales o municipales, se contratan personas con antecedentes y sin ninguna formación. Esto, como es obvio, alentaría a que esta nueva “fuerza pública”, armada, sin escrúpulos (como hemos visto), puedan actuar al antojo de la autoridad, sin control y con total impunidad.

El alcalde Rennán Espinoza abre de esta manera el debate sobre el cuestionamiento de dar armas a los serenos o que estos se conviertan en una especie de policía municipal con atribuciones exclusivas de la Policía Nacional.

La Policía Nacional del Perú es una fuerza nacional, unitaria, que tiene que cumplir la misión constitucional de “garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Garantizar el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia”, y además tiene el monopolio del uso de la fuerza para este propósito.

Por ende, ninguna organización del Estado puede arrogarse el uso de armas ni el orden público (salvo las FF.AA. para el cumplimiento de su misión). Que se entienda bien. Sí se puede.