Por Diana Seminario, publicado en El Comercio

A estas alturas ya para nadie es un secreto que el Ministerio Público se ha convertido en un campo de batalla en el que la persecución del delito y la búsqueda de la justicia hace tiempo dejaron de ser prioridad. La fiscalía peruana se ha vuelto un escenario de guerra en el que solo hay perdedores porque –aunque pareciera lo contrario– no hay ningún ganador.

Por lo que venimos viendo ya hace algunos años, la Fiscalía de la Nación viene siendo una institución de bandos que se disputan el poder y, cuando uno de estos lo pierde, hace todo lo que tenga a su alcance para recuperarlo.

También hemos sido testigos de cómo las inclinaciones políticas de muy mediáticos fiscales solo han servido para que sus protagonistas se distraigan en venganzas personales y favorecimientos indebidos, mientras la ciudadanía sigue esperando justicia.

El último capítulo de esta guerra sin fin es el que protagonizan la suspendida fiscal de la Nación Patricia Benavides y la fiscal superior Marita Barreto. En términos bélicos, pareciera que todas las batallas las viene perdiendo Benavides, pero parece que la fiscal estaría dispuesta a pelear hasta el final.

La última temporada de esta serie se inició en noviembre, cuando se señaló a Benavides como presunta cabecilla de una organización criminal enquistada en el Ministerio Público. La prueba de esta afirmación fueron unas conversaciones de WhatsApp de quien fuera su asesor, Jaime Villanueva. Esos diálogos evidenciarían un intercambio de favores con parlamentarios y fueron material suficiente para que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendiera a Benavides por seis meses.

Esa misma JNJ busca ahora destituir a Benavides por “faltas muy graves” que nada tienen que ver con el Caso Valkiria o supuestos sobornos.

Sin embargo, la JNJ no tendría asegurados los cinco votos que se requieren para la destitución. Todo apunta a que solo votarían por la destitución cuatro miembros.

A esto hay que añadir que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la demanda competencial presentada por el Congreso luego que el Poder Judicial les diera un amparo a Inés Tello y Aldo Vásquez que los devolvió a sus puestos en la JNJ pese a que el Parlamento los había destituido e inhabilitado. El TC confirmó la destitución de Tello y Vásquez.

No es la primera vez que somos testigos de estas luchas intestinas en el Ministerio Público. Ya vimos la suerte que corrió Pedro Chávarry.

Mientras la guerra en la fiscalía no cesa, ningún caso emblemático de corrupción se resuelve. Susana Villarán, que confesó haber recibido aportes de Odebrecht para su campaña contra la revocatoria mientras era alcaldesa, ni siquiera tiene impedimento de salida del país; Martín Vizcarra, pese a innumerables indicios de corrupción, sigue siendo un intocable; y el otrora mediático Caso Lava Jato se desvanece sin que a nadie le importe.

La gran derrotada de esta guerra es la justicia.

Diana Seminario es periodista