Por Alicia Barco Andrade, comunicadora digital, filósofa, periodista colegiada, docente, empresaria, estratega, mujer política del siglo XXI
Publicado en La Noticia

La política al servicio de los negocios particulares es un problema grave que afecta la calidad de la democracia y genera desigualdad y corrupción. Combatir esta situación requiere un esfuerzo conjunto de autoridades, instituciones y ciudadanía para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Esta situación describe lo que estamos viviendo hoy, con el Gobierno de Dina Boluarte, en la que el poder político y las decisiones gubernamentales se utilizan para beneficiar a intereses empresariales específicos en lugar de servir al interés público general. Un claro ejemplo es la destrucción del Legado2019, promovida por Federico Tong, para eliminar el Proyecto Especial Legado Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

¿Estamos en un Estado de Derecho? ¿O en un Estado de los “amigos” de Dina?

Adrianzén y Quero no comparecieron ante el Congreso para explicar la disolución del proyecto especial. Tong, respaldado por el Ejecutivo. Han usado de excusa que el IPD fue marginado de los Juegos Panamericanos y como “gestores” deben fortalecerlo. ¿Quién puso a Fernando Tong en la Presidencia de las Olimpiadas? La respuesta es: Nicanor Boluarte.

Después de la gran gestión del señor Carlos Neuhaus, con el Legado 2019, como lo mejor que ha tenido el Perú, el IPD ha tenido 6 presidentes. Uno de ellos, según investigación fiscal, le habría otorgado a los Waykis en la Sombra – red criminal presuntamente encabezada por Nicanor. Ahora quieren unir todo, con la excusa de “fortalecer” el Estado, y evitar duplicidad de funciones. El Estado elefante sigue engrandeciéndose para los intereses personales y, sobre todo, ilícitamente con una red criminal que no ha quedado en la sombra.

¿Desean arreglar algo que ya funciona?

Es inaceptable que una infraestructura con tan buenos resultados sea absorbida por una entidad incompetente. En el fondo, es la típica maniobra socialista, destruir para querer arreglar, cuando la verdad lo que se quiere es robar. Porque el presupuesto del legado es para mantenimiento del legado, en para bien de los deportistas. Ahora quieren destinar este dinero para la entidad de IPD y controlar todo el dinero desde esta Institución. Es decir, la entidad que estuvo mal administrada es ahora dueño de todo. ¿Por qué? Porque sin duda, hay intereses personales.

Un problema estructural

La politización de los negocios no es un fenómeno nuevo, pero se ha intensificado en las últimas décadas debido a la globalización, la desregulación y la creciente influencia del poder económico en la toma de decisiones políticas. Los lobbies, las puertas giratorias y la financiación de campañas son solo algunas de las herramientas que utilizan las empresas para influir en el poder político y obtener beneficios particulares.

Para combatir esta situación, es necesario un esfuerzo conjunto de ciudadanos, políticos y empresarios. En primer lugar, es fundamental fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, así como regular de forma efectiva las actividades de lobbying y las puertas giratorias. También es necesario promover una cultura de integridad y ética en la política y en los negocios, y fomentar la participación ciudadana y el control social. Los ciudadanos deben estar informados y movilizados para exigir a sus representantes que defiendan el interés público por encima de los intereses particulares.