El Congreso de la República se prepara para debatir la próxima semana cuatro mociones de censura contra el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, a raíz del asesinato de 13 mineros en Pataz, en la región La Libertad.

Según las firmas recogidas hasta el momento, ya se habrían alcanzado los 66 votos necesarios para destituir al jefe del gabinete, lo que obligaría a la presidenta Dina Boluarte a reestructurar completamente el Consejo de Ministros.

Las mociones, impulsadas por diez bancadas parlamentarias, incluyendo el grupo de los no agrupados, reflejan un amplio respaldo multipartidario para retirar la confianza a Adrianzén. De mantenerse esta correlación de fuerzas, el Congreso no solo alcanzaría los 66 votos requeridos, sino que podría superar incluso los 80 apoyos. No obstante, aún existe incertidumbre, ya que varios legisladores podrían reconsiderar su decisión en los días previos a la votación.

La iniciativa más visible ha sido la de la bancada de Podemos Perú, que acusa al primer ministro de falta de liderazgo e ineficacia en la lucha contra la inseguridad ciudadana, agravada por la masacre en Pataz. El documento sostiene que, a pesar del respaldo del Parlamento desde su nombramiento en marzo de 2024, Adrianzén no ha logrado implementar políticas efectivas para contener la violencia y el crimen organizado.

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, anunció que en la siguiente sesión plenaria se dará cuenta oficialmente de las mociones, y el debate se programará para los días siguientes. Mientras tanto, el Ejecutivo dispone de un margen de tiempo limitado para intentar revertir la situación, entablando diálogos con las bancadas para evitar la censura.

De concretarse la salida de Gustavo Adrianzén, se trataría de un nuevo golpe para el gobierno de Dina Boluarte, que enfrentaría su segundo recambio total de gabinete en menos de un año. La crisis política vuelve a instalarse en el escenario nacional en un contexto marcado por la inseguridad y la creciente presión ciudadana frente a la inacción del Estado en zonas vulnerables como el norte del país.