Consolidación de la economía criminal
Cuando la ilegalidad accede a la política

Por Carlos E. Gálvez Pinillos, expresidente de la SNMPE

Estamos asistiendo al triste espectáculo de observar cómo las fuerzas de la ilegalidad han penetrado el poder político. Lo preocupante de este fenómeno es que, en el Perú, estamos “normalizando” la ilegalidad bajo los pretextos de la pobreza o la necesidad del pueblo y, estos avances, son propiciados y apoyados por políticos que han tenido financiamiento proveniente de actividades ilegales y que, además, apelan a mensajes absolutamente populistas.

En estos momentos, por ejemplo, tenemos rondando en el Congreso de la república, un proyecto de ley para la “Actividad Minera a Pequeña Escala”, proyecto, cuyos elementos principales quisiera compartir:

Para empezar, es importante tomar nota de los dimensionamientos utilizados:

• Plantean que estén en la categoría de “Minería Artesanal” quienes produzcan, en minería metálica, hasta 100 TMD (toneladas métricas día), en no metálica, hasta 200 TMD y en placeres auríferos (aluvial), hasta 400 M3/día (metros cúbicos día) y, tengan un área concesionada de hasta 2,000 ha (hectáreas), imaginemos un “artesano” con 2,000 manzanas de terreno. La legislación vigente considera minero “Artesanal” a quien produce hasta 25 TMD y cuenta con un área concesionada de hasta 1,000 ha. 
•  Plantean que la categoría de “Pequeña Minería”, considere una producción de minerales metálicos de hasta 500 TMD, no metálicos de hasta 2,000 TMD y en placeres, hasta 5,000 M3/día, manteniendo derechos mineros por hasta 5,000 ha. La legislación vigente considera “Pequeño Minero” a quien produce hasta 350 TMD y cuenta con derechos mineros de hasta 2,000 ha.

Ya el sólo dimensionamiento de las operaciones y concesiones, excede largamente los conceptos de “minero artesanal” y “pequeño minero”, llegando a asimilar las dimensiones y volúmenes que razonablemente identifican hoy a una actividad de “Mediana Minería”.

Pero ahí no queda la cosa.

Están proponiendo que se declare de interés nacional y necesidad pública, la promoción de la minería “a pequeña escala”, tal como la definen y, para ello, plantean una gestión descentralizada regional “ambiental, económica y socialmente sostenible”. Esto es, poner al gato de despensero, teniendo en cuenta los altísimos niveles de corrupción de funcionarios que enfrentan las regiones, al igual que la tremenda presión delictiva sobre autoridades a nivel descentralizado. Pero para reforzar la impunidad, recalcan que lo que dice ese proyecto de ley “es de obligado cumplimiento para las autoridades jurisdiccionales, fiscales y administrativas vinculadas a la actividad”, como si las leyes no fueran de cumplimiento obligatorio…

Por si fuera poco, plantean la creación de un CONAMIPE (Consejo Nacional de Minería a Pequeña Escala) a ser presidido por la PCM, quien es acompañado por tres miembros del gobierno central (MEF, MINEM y MINAM), dos representantes de SUNAT, uno de la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP), un representante del INGEMMET, tres representantes de los gobiernos regionales y tres representantes de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y minería artesanal, quienes tomarán decisiones con carácter vinculante. Igualmente, múltiples COREMIPE (Consejos regionales de minería a pequeña escala), adscritos a los gobiernos regionales y cuyos acuerdos también serían vinculantes.

Independientemente de las facilidades tributarias que se plantean, y la creación de un fondo de financiamiento, se propone un régimen ambiental especial, como si los impactos ambientales y su remediación fueran distintos. Un reglamento especial de seguridad y salud ocupacional, pagos de derechos de vigencia reducidos. Se duplican los plazos de las autorizaciones para uso de explosivos y se permitiría la transferencia de saldos de explosivos entre ellos, cosa que para los productores mineros regulares no está permitido.

Pero entre lo más llamativo está que, plantean un derecho de preferencia exclusivo, excluyente y permanente, en la formulación de petitorios mineros, hasta por 60 días útiles, desde la publicación de la libre denunciabilidad de los derechos mineros por parte del INGEMMET. Esto, en condiciones normales y ante demanda múltiple, es materia de subasta, en beneficio del Estado. Por si fuera poco, crean la “Servidumbre legal minera”, para explotar en concesiones que NO son de su propiedad, en caso no obtengan, del concesionario minero legalmente instalado, el contrato de cesión que requeriría cualquier mortal para operar y, esto, lo gestionaría el gobierno regional. Igualmente, se crean mecanismos para otorgar derechos de uso sobre predios rurales, a título gratuito.

La cereza en el pastel viene de la mano de la comercialización y transporte de minerales, instaurándose el uso de la “Liquidación de Compra”, mecanismo aplicable a muy pequeños negocios de hasta S/32 mil al mes, lo que no se condice con operaciones mineras que producen hasta 500 TMD de mineral y poseen derechos mineros por hasta 5,000 ha.

Se otorga liberación de responsabilidad sobre los daños ambientales, de seguridad y salud ocupacional, cuando se culmine el procedimiento de servidumbre para la formalización minera.

Se propone un régimen tributario temporal y sustitutorio del impuesto a la renta, esto es, una amnistía tributaria, con posibilidad de repatriar fondos provenientes de rentas no declaradas.

Declaran la libre comercialización de minerales, sin requerir concesión y, ninguna autoridad administrativa o tributaria, podrá intervenir ni incautar los minerales y se traslada al comprador de minerales, la responsabilidad del origen del mineral comprado.

Ciertamente, con un solo proyecto de ley se allana el camino a múltiples actividades, que van desde el tráfico de terrenos, los delitos ambientales, que no se respete las concesiones legalmente obtenidas, se de patente de corso al transporte y comercialización de minerales, sin siquiera llevar registros contables y tributarios de operaciones de hasta 500 TMD, que desde siempre han manejado empresas formales y, de regalo, una amnistía tributaria. ¿Qué tal?

Debemos corregir y facilitar, pero no así. ¡Esto es contrabando!