Por Ernesto Álvarez Miranda, publicado en Expreso

Hace varias décadas, los onegeístas de izquierda se propusieron infiltrar al Poder Judicial y al Ministerio Público, porque entendieron que, en un país desinformado y divorciado de la política, la instrumentalización de la Justicia podía darles un poder inmenso, tanto para proteger a sus aliados como para destruir a sus adversarios. Así, comenzaron por participar activamente en los procesos de nombramiento y ratificación de jueces y fiscales, como entidades de la “sociedad civil”, haciendo gala de imparcialidad y de superioridad moral; agregaron a ello la famosa “capacitación”, convenientemente financiada con la Cooperación Internacional de la que se niegan a rendir cuentas; en sus acertados cálculos, un viajecito íntegramente pagado a Cartagena de Indias o a Santa Cruz de la Sierra, cerraba un pacto de amistad entre el humilde operador del Derecho y la generosa ONG. De esa forma, cuando la misma ONG participaba en procesos judiciales denunciando a militares y policías por presuntos hechos delictivos, los jueces y fiscales previamente beneficiados y adoctrinados, ya se sentían comprometidos con una de las partes.

Pero no era suficiente para dominar los procesos de decisión política. Había que destruir a los partidos políticos y reemplazarlos por fabricados líderes de opinión en la TV. Para eso, había que judicializar la política, tarea difícil pues requería un mayor control de jueces y fiscales. Se desplegó entonces una estrategia que comenzó con la inclusión de los teléfonos de los jueces supremos en el espionaje legal, realizado en investigaciones absolutamente ajenas, y continuó con el sistemático amedrentamiento de funcionarios, desprestigiando a cualquiera que se negara a seguir la pauta que provenía de la ONG más poderosa del país. Contralores, ex candidatos, congresistas, jueces, generales, fiscales, procuradores, iban cayendo triturados por la maquinaria que, a medida que ocupaba los espacios propios de los antiguos partidos políticos, se volvía más fuerte e intocable, hasta convertirse en la organización dominante en la política peruana.

Las declaraciones del colaborador Villanueva, el mismo cuyo único testimonio sirvió para que la JNJ suspendiera ipso facto a la Fiscal de la Nación, acaba de corroborar lo que la mayoría de peruanos intuíamos, la segura manipulación de las instituciones, antes destinadas a actuar con imparcialidad en procura de administrar justicia. Hasta hoy, el país no reacciona frente a la magnitud de lo revelado. Una sociedad adormecida por medios de comunicación parcializados, no es capaz de indignarse ante el evidente dominio inconstitucional y antidemocrático de una ONG sobre los resortes del poder político en el Perú. Es momento de trazar una línea con la espada de Pizarro: por allí, el silencio cobarde que nos convertirá en miserables, por allá, la lucha valiente que nos devolverá el Estado de derecho y el honor.