Por Madeleine Osterling, publicado en Expreso

Vivimos momentos demasiado convulsos que necesitan una pronta solución. Día a día nos enfrentamos a sorprendentes revelaciones –bien conocidas por algunos hace tiempo– que marcan claramente nuestra absoluta decadencia moral. Los valores están en el subsuelo. Todo se ha convertido en un intercambio de amenazas y favores; las más recientes: la investigación por parte de la Fiscal Suprema Delia Espinoza a 14 congresistas para neutralizar la remoción de la JNJ o, las rencillas entre Otárola y el hermanísimo Nicanor.

Penosamente esta podredumbre nos resulta cotidiana. Los caviares, especialistas en levantar la bandera de la moralidad, son los grandes responsables. La actuación perversa de la Fiscalía es el mejor ejemplo. Hoy en día es muy difícil creer en las instituciones, solo sirven intereses personales. Se ha liquidado absolutamente el valor de la meritocracia, hay una rapiña irrestricta del erario público, por esta casta de políticos, funcionarios y consultores cuya única especialidad es crear estructuras para delinquir. Como diría el periodista español Arcadi Espada en relación con la decadencia de las instituciones: “para funcionar correctamente necesitan el fluido continuo de la buena fe; no hay debate público ni privado sin buena fe; no puede haber instituciones con gentuza”.

Los políticos en el Perú se conducen pensando en sí mismos y en su bolsillo, absolutamente apartados de las dos máximas de conducta lúcidamente diseñadas por Max Weber: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Hay miedo a perder el estatus y las prebendas del poder. A la mayoría, dejar de ser ministro o funcionario público los deja en la intemperie. Muchos no quieren jubilarse, otros carecen de la formación para ganarse la vida en el mercado laboral o, una amplia mayoría sale con las manos manchadas: del Estado a su casa o a la cárcel.

Aunque cueste reconocerlo –porque al Perú lo queremos todos y muchísimo–, estamos a la deriva. Para muestra, un botón. En agosto pasado Boluarte y Otárola al unísono exclamaban “ Aquí no habrá plan Bukele, sino plan Boluarte”. Como no tienen la más parda idea de cómo manejar la inseguridad ciudadana, aparentemente habrían invitado a una delegación de El Salvador para que los asesore en la construcción de una cárcel idéntica al CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo). Sin embargo, los tiempos en nuestro país son muchísimo más largos y no alcanzarán a inaugurarla. La criminalidad está desbordada, el anuncio de esta cárcel es una medida populista e insuficiente que sólo les sirve para poder decir que hay una estrategia. Para tener éxito, es indispensable potenciar a la policía con mayor tecnología, infraestructura y equipamiento; reorganizar la Fiscalía y el Poder Judicial, pero sobretodo tener valentía y voluntad política. Bukele tiene una aprobación de más del 90%, mientras que Boluarte ha descendido a un solo dígito. Nadie confía en ella.

Castillo nos permitió comprobar que el Perú es un país absolutamente inclusivo donde cualquier personaje con vocación de caudillo puede sacar una votación abrumadora, especialmente cuando los grandes temas del país como la seguridad y el hambre están abandonados. Desde hace más de un año flota en la agenda del Congreso una iniciativa de reforma constitucional que incluye nuevos delitos para el impedimento de postulación de condenados, la misma que imposibilitaría la de Antauro Humala. Sin embargo, nos juega en contra la sesgada discrecionalidad del JNE que solo ha traicionado los intereses del país –inadmisible que sostengan que no existe ninguna vinculación entre Humala y el recién constituido partido cuya sigla lleva su nombre – y la Fiscalía que le ha archivado las investigaciones por el delito de apología del terrorismo.

En política no hay coincidencias. No se puede parar sino hasta sacarlo de carrera. El congresista Muñante ha emprendido esta ardua tarea, confiemos en su convicción y tenacidad.