Por José Luis Gil, analista político y ex GEIN
Publicado en El Reporte

El mundo paralelo y fantasioso en el que parece vivir el Ministerio Público es de terror. En las últimas semanas, se han expuesto por lo menos dos casos (aunque hay muchos más) sobre la manera como algunos fiscales liberan sin mayor rubor a los criminales que la Policía Nacional captura, para ser procesados por crímenes como extorsión y otros, los mismos que son parte de la ola criminal de la macro criminalidad transnacional que azota a los ciudadanos peruanos.

El primer caso fue el de un sujeto de nacionalidad colombiana dedicado al ilícito negocio del “gota a gota”, en la ciudad de Ica. El facineroso amenazaba con hacer estallar una granada de mano si no cumplían con las cuotas infinitas a los que sometían sus víctimas. El programa Punto Final hizo suya la denuncia exponiendo las evidencias de una clara actuación fuera de la ley por parte del fiscal a cargo y de la manera como se enajenan las normas, siempre a favor de los criminales.

El segundo caso es el ocurrido recientemente en la ciudad de Trujillo, que se encuentra fuertemente golpeada por la criminalidad. La Fiscal Fiorella Gutiérrez Rodríguez de la fiscalía de El Porvenir, decidió poner en libertad, el 4 de marzo del presente año, luego que, según ella, la policía “no ha recabado suficientes elementos de convicción”, a Carlos Daniel Ávalos Fernández, Yohan Huaylla Gerónimo y Andy Echevarría Blas, quienes fueron encontrados con granadas de guerra y otro material explosivo, los cuales están involucrados en casos de extorsión. A todas luces nuevamente la fiscal se equivoca.

A estas alturas de una situación tan grave como el avance incontenible de la criminalidad y con una actuación tan nefasta y dañina para los ciudadanos peruanos, nos queda preguntarnos qué es lo que está pasando con los fiscales para tener este accionar. Las hipótesis que se manejan son la falta de idoneidad y capacidad para el puesto, corrupción, posibles amenazas a su vida, legalismo a ultranza o sabotear el trabajo policial. Cualquiera de ellas es la verdadera, pero igual debe terminarse.

Los responsables de dejar en indefensión a la población son, en definitiva, la progresía o los caviares, como se les conoce. Desde hace años pugnan por relativizar a la fuerza pública con normas que van contra la capacidad operativa de la policía nacional, los constantes procesos de “reorganización”, defenestrando generales a diestra y siniestra, dando la titularidad de la investigación a los fiscales y meter la mano al código de procesal penal, que asesina y sepulta la investigación y el atestado policial.

Lo paradójico es que con el trabajo de la policía, que les hace los documentos a los fiscales, porque muchos no tienen la capacidad de hacerlos, se fortalece un Ministerio Público que no lo merece y que va camino a construir su propia policía (si no miren su presupuesto para armar su propio laboratorio criminalístico, función antigua e histórica de la policía).

Este contrasentido debe detenerse con la ley en la mano y por eso debemos felicitar la iniciativa de los congresistas Patricia Chirinos y Fernando Rospigliosi, quienes han presentado el proyecto de ley para que la investigación policial vuelva al lugar del que jamás debió salir: la Policía Nacional.

Esperamos que pronto se apruebe esta norma fundamental para el país y que además tengamos una nueva JNJ, para elegir fiscales con otros perfiles, que permitan una verdadera lucha contra la criminalidad en beneficio de todos los peruanos. Sí se puede.