Por Óscar Becerra Tresierra, publicado en Expreso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue creada con el fin de proteger y promover los derechos humanos en América. Sin embargo y debido a que es financiada en parte por ONG de izquierda, se ha convertido en objeto de controversia. Recordemos cómo mediante un ardid de ciertos medios y tergiversando mis declaraciones, se forzó mi renuncia al Ministerio de Educación solo por opinar que la CIDH me parece un despropósito. La pregunta es: hasta qué punto deben respetarse las decisiones de esta entidad cuando se inmiscuyen en la soberanía nacional.

La CIDH debe desempeñar un papel crucial en la protección de los derechos humanos, su misión es velar por el respeto de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero su intervención se concentra en favorecer a quienes infringen las leyes y condenar a quienes nos protegen, al punto de que contradicen las resoluciones de tribunales nacionales.

Es de público conocimiento que la CIDH recibe financiamiento de diversas fuentes, incluyendo ONG y esto pone en entredicho su imparcialidad. En el caso peruano, ha generado justificadas suspicacias sobre falta de objetividad de sus decisiones. Por otro lado, la soberanía nacional es un principio fundamental en el derecho internacional. ¿Hasta qué punto las decisiones de la CIDH deben prevalecer sobre las resoluciones de los tribunales nacionales? ¿Es legítimo que una entidad externa interfiera en la ejecución de una sentencia del más alto tribunal constitucional de un país? Pienso que no, que eso erosiona la soberanía y la autonomía del sistema judicial del país.

Estamos ante el dilema de respetar las decisiones de la CIDH o salvaguardar la soberanía nacional. ¿Qué debe hacer el Perú cuando su actuación no es imparcial y respetuosa de los mandatos de la Constitución y las leyes? Es urgente abordar el sesgo político en la CIDH de manera transparente o retirarnos del sistema.

Por otro lado, enfrentamos la paradoja de la liberación de terroristas condenados mientras algunos militares, considerados héroes, cumplen condenas o siguen eternamente procesados. Este escenario plantea interrogantes sobre la equidad y la coherencia del sistema legal, generando inquietudes legítimas entre la población. La liberación de terroristas iniciada bajo el gobierno de Valentín Paniagua y continuada durante el de Alejandro Toledo, bajo la batuta de la CIDH, suscita preocupaciones en la sociedad peruana. ¿Cómo es posible que aquellos responsables de actos violentos y homicidios recuperen la libertad mientras persisten las heridas y el dolor de las víctimas y sus familias?

La paradoja se intensifica al observar la situación de militares que participaron en la lucha contra el terrorismo y que fueron clave para la estabilidad y seguridad del país. ¿Cómo se justifica la detención de estos militares en comparación con la libertad y compensaciones concedidas a quienes representan una amenaza más directa para la sociedad?

La población necesita confiar en que las decisiones judiciales se toman sin sesgo político y considerando la gravedad de los crímenes individuales. No es concebible que, bajo el artificio de una teoría deleznable, digitada desde fuera, de una supuesta autoría mediata, un anciano enfermo que dirigió la lucha antiterrorista e hizo viables las libertades de las que disfrutamos, siga en prisión por el resentimiento y odio de quienes vieron esfumarse su siniestro plan de tomar el poder en el Perú con las banderas del comunismo.

A todo lo anterior se añade la polémica en torno a la permanencia de la fiscal de la Nación. Recordemos que el Perú es un Estado de derecho, donde las instituciones democráticas operan de acuerdo con la Constitución y las leyes, nos guste o no cómo ejercen la delegación de autoridad, aquellos a quienes se ha elegido cumpliendo las normas legales. Es importante analizar las razones detrás de los intentos de destituir a la fiscal de la Nación, debido a que su presencia amenaza a sectores vinculados a la izquierda, incluyendo figuras como Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y al golpista Pedro Castillo.

Se pretende generar una controversia sobre la autonomía y la imparcialidad del sistema judicial. Un sistema que pretendieron avasallar, primero Vizcarra, con algún éxito, y luego Castillo con su fallido golpe de estado. ¿Por qué existe un afán persistente de destituir a la fiscal de la Nación? Está claro que su permanencia amenaza a sectores vinculados a la izquierda política en el país. Es por ello que esos intentos deben examinarse cuidadosamente.

En conclusión, creo que nos enfrentamos a una intentona desesperada de la izquierda caviar por conservar su influencia en las instancias de poder en el Perú y así asegurar sus prebendas. La campaña iniciada para destituir a la fiscal de la Nación amenaza la salud de la democracia y el Estado de Derecho. La estabilidad de la democracia peruana dependerá en gran medida de la capacidad del país para salvaguardar la autonomía de sus instituciones judiciales. Eso es lo que pienso y, como saben, poco me importa lo que piensen los adefesios.