Por Óscar Becerra Tresierra, publicado en Expreso

El Perú está atónito. El testimonio de un exempleado del Ministerio Público ha puesto en evidencia lo que muchas personas sospechábamos: que la justicia en nuestro país es utilizada con fines políticos y de beneficio personal por fiscales, congresistas, periodistas y ese sujeto indefinible llamado Gustavo Gorriti Ellenbogen y su organización, IDL Reporteros.

De Gorriti se ha dicho mucho y en las próximas semanas sabremos más de él. Yo solo quiero mencionar dos hechos. Uno, que el primer artículo que publicó Gorriti sobre el caso Susana Villarán fue apenas horas después de que una periodista independiente lo hiciera en el diario El Comercio. ¿No es extraño? ¿El acucioso investigador de Alberto Fujimori, su hija Keiko y de Alan García no sabía nada de los millones que le entregaron los corruptos brasileros a la entonces alcaldesa de Lima? ¿Esperó a que lo publicara un medio para recién hacerlo él? Lo cierto es que Gorriti no fue precisamente un acucioso investigador de la corrupta exalcaldesa de Lima, quien dicho sea de paso es una de las fundadoras del IDL.

Segundo hecho, Gorriti tiene una evidente tendencia a la coprolalia. Hace unos años tuvo un incidente con un periodista de La República (aliado suyo) y al responderle lo calificó de “cacatustra”, haciendo un juego de palabras con la obra de Friedrich Nietzsche “Así habló Zaratustra”. La manera en que señala a sus críticos o detractores (se refiere al grupo La Resistencia como La Pestilencia) confirma su inclinación por proferir insultos antes que razones.
Una vez estalló el escándalo, la impresentable Junta Nacional de Justicia (JNJ), en un giro notable en comparación con la actitud que adoptó al suspender a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha decidido iniciar una “investigación preparatoria” en relación con las acusaciones vertidas por el exasesor.

Es insostenible que la JNJ tome dos decisiones opuestas respecto a hechos similares. Más aún, cuando entre las personas que supuestamente han incurrido en conductas cuestionables estaría uno de sus actuales integrantes, sobre quién hasta ahora nada se ha dicho. ¿Es posible que una institución del Estado actúe de esta forma arbitraria y contra los principios constitucionales y legales que deben inspirar un recto sistema de administración de justicia? ¿La JNJ va a simular que no sabe que uno de sus integrantes ha sido mencionado en las declaraciones y se va a abstener de actuar como corresponde?

Otra aseveración del exasesor, que debe ser corroborada, es que el fiscal Rafael Vela tuvo contacto durante las últimas elecciones generales con Vladimir Cerrón, quien le habría pedido que no incluya al entonces candidato Pedro Castillo en la investigación por presunto lavado de activos, hecho que efectivamente se cumplió.

El testigo añade que Vela pidió a cambio apoyo del entonces partido oficialista Perú Libre para impulsar un proyecto de ley que permitía que fiscales superiores con más de diez años de ejercicio pudieran aspirar a ser fiscal supremo. Otro hecho que debe ser investigado por la JNJ que progresivamente ha ido perdiendo legitimidad ante la ciudadanía.

La situación actual es similar a la que el Perú vivió con la caída del régimen de Fujimori y Montesinos. La podredumbre moral detectada en el Ministerio Público hace indispensable una reforma radical y perentoria que expulse de su seno a todos los magistrados que en los últimos años han actuado como sicarios de la extrema izquierda y de los llamados progresistas o caviares.

Si se comprueba lo que el colaborador eficaz está relatando a los fiscales, es inaceptable que un periodista, llámese como se llame, tenga la capacidad de manipular a los órganos de justicia con fines políticos. Lo vivimos con Vladimiro Montesinos y Blanca Nélida Colán. El Perú exige que esta podredumbre moral sea extirpada en el acto y que los responsables respondan por sus actos ante jueces y fiscales probos.

Este caso pone en cuestión la independencia e idoneidad de las instituciones del sistema de administración de justicia y hace necesaria una reforma profunda con participación del Congreso de la República y de la ciudadanía organizada. La justicia en el Perú no puede seguir en manos de gente sin escrúpulos, con una agenda extremista y que atiza el odio entre peruanos.