Por Pablo Carranza, publicado en La Razón

– ¿Qué le suscita la ola de delincuencia que se ha desatado?

Es el resultado del descontrol que crearon los ministros de la izquierda caviar en los últimos trece años. Si se recuerda fue el ministro del Interior, Carlos Basombrío acompañado de su viceministro Rubén Vargas el que inventó el cuento del escuadrón de la muerte, que casi lleva a la desactivación de la subunidad de acciones tácticas y a que cesaran los operativos preventivos que conjuntamente llevaban adelante la Digimin que proveía la información con las divisiones de lucha contra el crimen organizado y la SWAT. Eso terminó con 30 efectivos SWAT procesados arbitrariamente.

– En la Policía se quejan mucho de que los delincuentes que son capturados, al cabo de días terminan siendo liberados por los fiscales de turno ¿qué está pasando con el Ministerio Público?

La Fiscalía ha pretendido excusar estas cosas en las leyes que se han dado, lo que es absolutamente falso. O sea, si una persona es detenida en flagrancia y si se acompañan todos los recaudos no existe ninguna razón que justifique cuando se trata, por ejemplo, de delitos que tienen treinta años de pena. ¿Cómo podría esa persona no recibir una prisión preventiva? ¿Cómo podría el fiscal liberar a esa persona? O sea, aquí lo que hay que hacer es un análisis caso por caso y lo que se tiene que justificar no son números gruesos ni la Policía ni el Ministerio Público, sino el detalle de qué ocurrió en cada caso es fundamental. La información es esencial para tomar decisiones.

– ¿La Fiscalía y el Poder Judicial tienen parte de culpa en el incremento de la delincuencia?

Absolutamente, los hemos visto jugar a hacer payasadas, por ejemplo, cuando se dio la ley que modificó la norma sobre allanamiento, negándose a ingresar, demorando las cosas, no llevando un defensor de oficio. La Fiscalía se ha dedicado a actuar de manera política. Uno escucha a la Fiscal de la Nación y se da cuenta que está haciendo observaciones en las leyes por juicios de conveniencia y oportunidad que no le corresponden al Ministerio Público. La política le corresponde al Congreso. La política le corresponde a los órganos elegidos por la voluntad popular. Si la señora Delia Espinoza tuviera alguna objeción de constitucionalidad, ha podido plantear las demandas. Como se ha planteado en algunos casos, vamos a ver qué resultan, pero mientras no se declaren inconstitucionales las leyes, el Ministerio Público tiene que cumplirlas y acatarlas. A menos que quiera incurrir en un delito.

– ¿Cuánto afecta a esta situación que algunos jueces o fiscales sean sobornados por la delincuencia?

Yo creo que eso es posible, pero más grave es que vemos una actuación politizada. Vemos por ejemplo a un juez supremo como el doctor Lujan Túpez salir a dar argumentos, también como la fiscal de la Nación, de conveniencia y oportunidad sobre la Ley de extinción del dominio. No da argumentos de constitucionalidad o inconstitucionalidad, sino de que si es conveniente o no es conveniente. Esa es una decisión que no les corresponde a los jueces. Esa es una argumentación que no toca a los jueces. Los jueces están haciendo política en el Perú. Los fiscales están haciendo política en el Perú, cuando deberían estar haciendo su trabajo.

– ¿La Fiscal de la Nación Delia Espinoza será capaz de recuperar el prestigio de su institución y reformarla?

En el poco tiempo que está en el cargo, no entiende cuál es la labor del fiscal de la Nación. Se ha dedicado a perseguir a su predecesora. Se ha dedicado a perseguir a los congresistas. La denuncia de la señora Luz Pacheco es gravísima, en el sentido de que se habría establecido un mecanismo de seguimiento a los magistrados del Tribunal Constitucional. Se ha dedicado a cuestionar las leyes por razones de oportunidad y conveniencia y no por razones de constitucionalidad y ha permitido que el crimen crezca en el Perú. Creo que la señora debería responder ante el Congreso, si hubiera un Congreso dispuesto a tomarla en cuenta.

– Y con respecto a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello ¿qué opinión tiene?

Bueno, la señora Janet Tello cree que las causas pueden ser resueltas con normas derogadas, como ha quedado acreditado por la Junta Nacional de Justicia y supone además que ella y sus colegas de la Sala Plena de la Corte Suprema tienen el privilegio de resolver como les dé la gana. Creo que aquí el verdadero asunto, insisto, es llevar adelante una reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público dentro del marco de la Constitución. No con la intervención ni del Ministerio Público ni la del Poder Judicial. Es decir, la Corte Suprema funciona con más de cuarenta jueces, de los cuales solo dieciocho son titulares. Esos puestos provisionales deben convertirse en permanentes y salir a concurso en la Junta Nacional de Justicia. La Fiscalía tiene también tres fiscales supremos transitorios y fiscalías que llevan años funcionando deberían ser convertidas en permanentes también. Este refrescamiento de la Sala Plena de la Corte Suprema y el refrescamiento de la Junta de Fiscales Supremos permitiría establecer un mecanismo legal para que estas nuevas entidades remozadas lleven adelante la reforma del Ministerio Público y del Poder Judicial, de la mano con la Junta Nacional de Justicia.

Culpables

“Son culpables del incremento del crimen porque liberan a delincuentes detenidos por la Policía”, afirma.

Titulares

“Corte Suprema funciona con más de 40 jueces y solo 18 son titulares. Puestos provisionales deben convertirse en permanentes y salir a concurso en JNJ”, señaló.