Por Ernesto Álvarez Miranda, publicado en Expreso

Cuando observamos el drama de la Justicia parcializada e impredecible, debemos recordar el éxito de dos instituciones del mismo Estado peruano. El Banco Central de Reserva convoca cada año a los mejores graduados universitarios en un concurso público a nivel nacional, supuestamente para complementar su formación académica, pero en realidad para descubrir talento joven e incorporarlo a su estructura a fin de que inicien una carrera meritocrática. La Academia Diplomática realiza anualmente su concurso de admisión para seleccionar a jóvenes graduados, dignos de formarse en su prestigiosa institución académica. En ambos casos, la cosecha es de mucha calidad, pues se trata de opciones de vida con gran deferencia social, y por ello, suele haber muchos postulantes para muy pocas vacantes. ¿Qué tienen en común ambas carreras? Una verdadera autonomía. Ambas repelen cualquier intento externo de influir en sus decisiones institucionales; de manera tal que, desde que ingresan y en cada uno de los hitos de su carrera, intervienen solo factores internos: sus méritos y la consideración de sus colegas. ¿Es posible que una profesión en la que sus miembros son incorporados, evaluados, ascendidos y sancionados por entidades externas, ajenas a la carrera profesional, tenga algún prestigio social? Evidentemente no.

El problema se agrava cuando advertimos que, a diferencia de las opciones profesionales mencionadas, la judicatura está permanentemente expuesta a diversos grupos de poder político, económico y social, y que sus diarias resoluciones son decisivas para las pretensiones de los peores elementos de la sociedad, por lo que son cubiertas por todos los medios de prensa; por eso, los intentos de manipular a la administración de justicia son una constante en todas las sociedades. La forma de neutralizarlas, mediatizando sus efectos, es construyendo para la judicatura una carrera meritocrática que goce de una absoluta autonomía e independencia.

Por eso es importante debatir seriamente el proyecto de ley presentado por la congresista Gladys Echaíz, a fin de crear una escuela de formación de jueces y fiscales, a la que licenciados en Derecho de todo el país puedan postular y, una vez egresados, cubran las vacantes de acuerdo al orden de mérito obtenido, y no por dudosos concursos preparados por la JNJ. Para dar prestigio a la judicatura, es indispensable eliminar las ratificaciones y evaluaciones a cargo de organismos externos, los que obligan a que el juez, atormentado por una inmensa carga procesal, escriba artículos científicos y libros, haga maestrías y doctorados, y asista a cuanto congreso o curso anual se programe. Solo incorporando el sentido común a la administración de justicia, prestigiando la carrera jurisdiccional, podremos aspirar a una Justicia verdaderamente independiente, confiable e imparcial.