En una audiencia de apelación por su suspensión de seis meses impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Patricia Benavides y su defensa legal solicitaron que el caso sea remitido al Congreso.
La ex fiscal de la Nación enfrenta acusaciones de integrar una presunta organización criminal y haber coordinado acciones para destituir a Zoraida Ávalos y otros actos.
El abogado de Benavides, Jorge Del Castillo, argumentó que la JNJ inició el proceso disciplinario de manera apresurada, violando el debido proceso al aplicar la suspensión antes de una investigación penal formal. Además, cuestionó la falta de pruebas concretas y la presunta manipulación de evidencia, señalando que los chats presentados carecían de cadena de custodia.
La defensa insistió en que no puede haber dos procedimientos simultáneos por los mismos hechos, subrayando que la vía penal debe prevalecer sobre la administrativa. Benavides negó su participación en una organización criminal y denunció motivaciones políticas detrás de las acusaciones.
El exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, rebatió los argumentos de la defensa, afirmando que la JNJ es competente para investigar a magistrados y fiscales. Maldonado consideró que Benavides habría comprometido la independencia del Ministerio Público con acciones políticas, señalando riesgos similares en otros países latinoamericanos.
La resolución de la apelación determinará el curso del proceso disciplinario mientras la ex fiscal continúa negando su implicación en irregularidades.
