El abogado Wilber Medina indicó que Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación, podría demandar una indemnización contra los fiscales y el juez Hugo Núñez Julca si el Tribunal Constitucional (TC) falla a favor de la demanda de habeas data presentada por el comunicador Phillip Butters y el propio Medina.

La acción de habeas data busca que se haga público el acuerdo de colaboración eficaz firmado entre el Estado peruano y la empresa brasileña Odebrecht. Dicho pacto ha sido objeto de polémicas, pues algunos sectores consideran que los términos no han beneficiado al país en proporción a los daños generados por los actos de corrupción admitidos por la compañía.

Medina recordó que Chávarry fue suspendido como fiscal de la Nación tras solicitar información relacionada con este acuerdo. Según el abogado, dicha suspensión fue una represalia por cuestionar la validez y eficacia del convenio.

En caso de que el TC declare fundada la demanda, Medina sostuvo que Pedro Chávarry tendría argumentos legales para iniciar acciones de indemnización contra los fiscales que participaron en su suspensión y contra el juez Hugo Núñez Julca.

“Si el acuerdo resulta público y se comprueba que se vulneraron derechos en el proceso, Chávarry puede demandar una reparación económica por el daño sufrido debido a su suspensión”, afirmó Medina.

El acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht ha sido clave en investigaciones relacionadas con el caso Lava Jato, permitiendo la identificación de funcionarios involucrados en sobornos. Sin embargo, la falta de acceso público a los detalles del convenio ha generado cuestionamientos sobre su transparencia y su verdadero impacto en la recuperación de fondos para el Estado.

Hasta el momento, ni los fiscales ni el juez Núñez han emitido comentarios sobre las declaraciones de Medina. Por su parte, especialistas en derecho constitucional advierten que el fallo del TC podría tener repercusiones significativas en el sistema judicial peruano, ya que abriría la posibilidad de revisar procesos relacionados con acuerdos de colaboración eficaz.

La decisión del TC es esperada con expectativa por la ciudadanía y podría marcar un precedente en materia de acceso a la información pública y la rendición de cuentas en casos de corrupción.