Por Óscar Becerra Tresierra, publicado en Expreso

La leyenda de la Fuente de la Juventud, asociada con el español Juan Ponce de León, sostenía que existe un manantial mágico en Florida (Estados Unidos de Norteamérica) que permitiría mantenerse joven indefinidamente. Una fuente similar, pero con la propiedad de dar impunidad ante la justicia al que se bañe en sus aguas, existe al parecer en el Perú y queda en Lurín. Es la piscina donde la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, confesa receptora de millones de dólares de la corrupta empresa Odebrecht, disfruta del verano sin que fiscal o juez alguno turbe su descanso.

Mientras millones de peruanos nos sofocamos y otros miles ven conculcado su derecho constitucional al libre tránsito, por obra de un corrupto contrato suscrito por la Municipalidad de Lima, Villarán disfruta de días de ocio en la piscina de su casa que, además, invade parte del espacio público. Algo que a la señora Villarán no le mueve un pelo.Los peruanos no debemos olvidar que Odebrecht y Villarán han reconocido los hechos que le imputa la Fiscalía, que ha solicitado para ella una pena de 29 años de prisión. Pero la lentitud de la justicia para casos de corrupción que afectan al establishment caviar hace que, a pesar de los años transcurridos, el asunto avance a paso de tortuga. El sistema judicial es ineficiente e ineficaz, pero lo es más cuando el acusado es un izquierdista o caviar.

Voy a poner un ejemplo extremo. La malhadada Comisión de la Verdad (CVR) entregó su informe final en el 2003. En sus nueve tomos y anexos el tema de violencia contra las minorías, una bandera que supuestamente es defendida por la izquierda y el progresismo, apenas hay un par de páginas donde se da cuenta de los asesinatos perpetrados por los terroristas del MRTA contra homosexuales en Tarapoto y otras localidades del nororiente del país.
Este crimen bárbaro, que jamás ha sido calificado como de lesa humanidad por los organismos supuestamente defensores de los derechos humanos o por las organizaciones políticas de izquierda, fue congelado en el Ministerio Público durante más de veinte años pese a que el MRTA reivindicó el crimen que fue denominado el “caso Gardenias”.

Hace solo unas semanas el Ministerio Público empezó a tramitar el caso Gardenias (¡21 años después!) pero descubrió que varios de los imputados, entre ellos el despiadado Peter Cárdenas Schulte, (a) “Alejandro”, ya había sido excarcelado y estaban fuera del país.

Surgen varias preguntas. ¿Cuáles son las prioridades del Ministerio Público? ¿El asesinato de seres humanos solo por motivo de su orientación sexual no es importante para los fiscales? ¿Quién es el responsable? ¿Los derechos humanos de las víctimas del MRTA no existen para los partidos de izquierda y los llamados caviares o progres?

Es realmente una vergüenza que un crimen de lesa humanidad cometido por terroristas del MRTA haya sido ignorado por nuestro sistema de justicia. Los fiscales de la Nación y presidentes del Poder Judicial que ejercieron entre 2003-2024 tienen responsabilidad y le deben una explicación a los deudos de las víctimas, que han sido humillados y ofendidos con su indiferencia.

Volvamos ahora a la señora Villarán. ¿Por qué debería sorprendernos entonces la lenidad de fiscales y jueces con una mujer que deshonró el cargo que le confirieron los limeños y limeñas? ¿Qué podemos esperar de un Ministerio Público que durante más de dos décadas encubre un crimen de lesa humanidad y ahora que lo reactiva se da cuenta de que los imputados se encuentran fuera del país y probablemente nunca vuelvan?

Frente al horror y la indignación que esta conducta causa parece un pecado venial que el juicio a la señora Villarán, de cuya conclusión depende que se anule el contrato corrupto que entregó los peajes a Odebrecht, esté postergado hasta las calendas griegas.

El presente de la justicia en el país nos hace revivir la terrible frase de González Prada: “en el Perú donde se pone el dedo, salta la pus”. El Congreso de la República tiene graves cuestionamientos a varios de sus integrantes, pero es la única instancia que puede iniciar el proceso de regeneración de nuestro sistema de justicia. Actualmente está tramitando una acusación contra la Junta Nacional de Justicia creada por el impresentable Martín Vizcarra. Veremos qué pasa.

Parece que una vez más, luego de casi 35 años, estamos en una situación similar a la que hizo exclamar al entonces presidente del Consejo de Ministros, Juan Carlos Hurtado Miller: “Qué Dios nos ayude”.