El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó que está evaluando la permanencia de Rafael Vela y José Domingo Pérez en el Equipo Especial Lava Jato. La declaración reaviva tensiones en el Ministerio Público, ya que ambos fiscales han liderado las principales investigaciones relacionadas al caso Odebrecht en el Perú. Gálvez asumió el cargo tras la suspensión de Delia Espinoza y la negativa de otros fiscales supremos a ocupar la jefatura.

En declaraciones a Altavoz.pe, Gálvez sostuvo que mantiene una posición crítica frente a la labor de los fiscales, recordando que en entrevistas previas señaló que, de llegar a la Fiscalía de la Nación, los retiraría de inmediato. “Lo estamos evaluando”, afirmó, subrayando que no está conforme con la manera en que ambos han conducido las investigaciones vinculadas a la constructora brasileña.

El rechazo de Gálvez hacia Vela y Pérez no es nuevo. En 2020 los denunció por presuntos delitos de falsedad ideológica, peculado y encubrimiento, cuestionando el acuerdo que permitió la devolución de más de 500 millones de soles a Odebrecht por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla. Según el fiscal interino, esa negociación favoreció a la empresa extranjera y perjudicó al Estado peruano.

No es la primera vez que los integrantes del Equipo Especial enfrentan el riesgo de ser apartados. En diciembre de 2018, el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, decidió separarlos bajo el argumento de que su exposición mediática afectaba la autonomía del Ministerio Público. Aquella decisión desató una crisis institucional que incluyó protestas ciudadanas y un pronunciamiento del Ejecutivo en rechazo a la medida.

La posibilidad de que Gálvez concrete ahora la remoción de Vela y Pérez vuelve a abrir un frente de controversia en torno al futuro de las investigaciones de corrupción más relevantes de las últimas décadas en el país. Aunque aún no hay una decisión oficial, la expectativa crece dentro y fuera del Ministerio Público, mientras sectores de la sociedad civil ya advierten que un eventual apartamiento podría poner en riesgo los avances logrados en el caso Lava Jato.