El Gobierno peruano obtuvo una victoria decisiva en su intento por esclarecer las operaciones financieras vinculadas al proyecto Rutas de Lima, luego de que el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York autorizara oficialmente al Estado a requerir data bancaria y corporativa alojada en territorio estadounidense. La resolución abre la puerta a citaciones formales para revisar los movimientos de dinero asociados a la concesión, la adjudicación y el posterior traspaso del proyecto vial.

Según lo detallado, el fallo permitirá solicitar información a entidades como Brookfield Asset Management, Scotiabank, KPMG, la red de compensación CHIPS y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, en lo que el tribunal calificó como una medida de “interés público sustancial”. Esta autorización, considerada inédita para un caso originado en el Perú, busca reconstruir con precisión el circuito financiero internacional ligado a la concesión.

El tribunal tomó como elemento relevante el avance del proceso penal en el Perú contra la exalcaldesa Susana Villarán, investigada por presunta corrupción en el marco del caso Odebrecht. Este contexto, señala la resolución, aumenta la urgencia de transparentar todas las operaciones relacionadas con la administración y transferencia de Rutas de Lima. Desde la Municipalidad de Lima, se destacó que el fallo permitirá acceder a información aún no documentada y fortalecerá la revisión integral de los contratos.

El exalcalde Rafael López Aliaga saludó la decisión y afirmó que podría impactar directamente en la validez de la transferencia de acciones realizada por Brookfield. En su cuenta de X, sostuvo que la Municipalidad solicitará más de tres mil millones de dólares en indemnizaciones y acusó a la compañía de actuar en complicidad con estructuras de corrupción vinculadas a Odebrecht.

Con la autorización estadounidense, el Estado peruano podrá rastrear movimientos financieros entre 2013 y 2016, periodo en el que coincidieron las “Operaciones Estructuradas” de Odebrecht y la adquisición mayoritaria de la concesión por parte de Brookfield. Las autoridades esperan que este acceso a información internacional permita sustentar nuevas evidencias y marcar un punto de inflexión en el caso Rutas de Lima.