La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios ejecutó la madrugada del miércoles un operativo simultáneo en La Libertad, Áncash y Lima, como parte de la investigación por una presunta organización criminal vinculada al programa Qali Warma.

Bajo la dirección del fiscal Reynaldo Abia Arrieta, se realizaron órdenes de detención preliminar y allanamiento en 16 inmuebles, entre ellos la vivienda de Óscar Acuña Peralta, hermano del líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña. El investigado no fue ubicado durante la intervención.

La diligencia se realizó luego de que un reportaje revelara indicios de que Acuña habría recibido pagos de la empresa Frigoinca, señalada en la investigación. Según el testimonio de un colaborador eficaz, la compañía realizó depósitos que suman 77,000 soles entre septiembre y diciembre de 2023, presuntamente a cambio de obtener respaldo para facilitar sus operaciones en La Libertad. Estas transferencias, efectuadas a una cuenta del Banco de Crédito a nombre de Óscar Acuña, fueron posteriormente corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera.

Óscar Acuña reconoció haberse reunido con el fundador de Frigoinca, Nilo Burga Malca, y admitió haber recibido dinero; sin embargo, afirmó que se trató únicamente de un préstamo ya cancelado. Según su versión, solicitó los fondos para cumplir con pagos laborales y aseguró haber devuelto la suma entregada. No obstante, la Fiscalía sostiene que estos depósitos buscaban establecer conexiones con funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad, entre ellos Aníbal Morillo Arqueros, gerente regional de Salud y figura cercana a César Acuña, cuya oficina fiscalizaba las condiciones sanitarias de Frigoinca.

Desde Alianza para el Progreso, la organización política expresó a través de redes sociales su compromiso con la transparencia y aseguró que colaborará plenamente con las autoridades. El partido indicó que brindará todas las facilidades necesarias para el avance de la investigación y reafirmó su postura de rechazo a cualquier acto de corrupción que involucre a sus miembros o allegados.

La operación marca un nuevo episodio en las investigaciones por presunto tráfico de influencias alrededor del programa Qali Warma, caso que continúa ampliando su alcance hacia empresarios y actores políticos regionales. Con las diligencias en marcha y el análisis de pruebas financieras en desarrollo, el Ministerio Público buscará determinar si los depósitos efectuados constituyeron un pago ilícito a cambio de favores o si, como sostiene Acuña, fueron parte de un préstamo personal sin relación con funciones públicas.