El gobierno chileno denunció la negativa de Venezuela para permitir el aterrizaje de un avión que transportaba a 60 migrantes venezolanos expulsados de Chile, anunciando gestiones diplomáticas de alto nivel para abordar esta situación.

La ministra de Interior de Chile, Carolina Tohá, confirmó la negativa venezolana para autorizar el vuelo con los migrantes expulsados, destacando los esfuerzos realizados por Chile para ejecutar los procesos de expulsión de manera efectiva. Además, anunció gestiones diplomáticas a nivel internacional para resolver el problema.

El vuelo, planeado para repatriar a los migrantes sin documentos, no pudo despegar debido a la falta de autorización de aterrizaje en Venezuela. Según explicó el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, las personas estaban identificadas y detenidas por la Policía de Investigaciones, y se había coordinado el vuelo para su retorno. La ley establece un plazo de retención de cinco días, por lo que de no concretarse la expulsión en este tiempo, las personas deben ser liberadas.

El gobierno chileno destinó fondos para contratar vuelos comerciales y militares con el objetivo de expulsar a personas extranjeras del país. Estas medidas se dan en medio de una crisis de seguridad en Chile, con un aumento significativo de homicidios y casos delictivos, donde se señala la implicación de personas extranjeras.

La oposición ha advertido que si el Ejecutivo no concreta la expulsión de 12,000 migrantes con órdenes de expulsión antes de fin de año, presentarán una acusación constitucional contra la ministra de Interior.