Dina Boluarte se presentó hoy ante el Ministerio Público en el marco de la ampliación de la investigación por los asesinatos cometidos durante las protestas que tuvieron lugar en diciembre de 2022 y enero de 2023. Sin embargo, la diligencia se vio interrumpida abruptamente cuando Boluarte optó por acogerse al derecho de guardar silencio.

La diligencia, que comenzó a las 9:12 de la mañana y contó con la participación de la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y el fiscal Carlos Huamán, se detuvo después de que Huamán leyera dos disposiciones fiscales relacionadas con los crímenes cometidos por las fuerzas del orden en Lima y Cusco, así como las lesiones en Pucallpa.

Al preguntarle a Boluarte qué tenía que decir al respecto, ella negó las imputaciones y anunció su decisión de guardar silencio, lo que llevó al fiscal Huamán a evitar la lectura de las siguientes preguntas.

La Procuraduría General del Estado y la defensa de los familiares de las víctimas intentaron formular preguntas, pero Boluarte se mantuvo en silencio. En total, la mandataria evitó responder a 47 interrogantes.

Joseph Campos, abogado de Boluarte, trató de evitar que estas preguntas se incluyeran en el acta de la diligencia, pero el Ministerio Público las consignó para dejar constancia. Sin embargo, las preguntas del Ministerio Público no se registraron en el acta, lo que generó críticas por parte de la defensa de las víctimas.

Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal que acompaña a los familiares de las víctimas, lamentó la actitud de Boluarte y la calificó como "obstruccionista a la investigación" y "un desprecio por la vida de los caídos en las protestas sociales". Además, señaló que esto va en contra del "derecho a la verdad" que tienen las víctimas en una investigación de esta magnitud.