Desde agosto de 2025, los enfrentamientos entre comuneros del centro poblado de Huaripampa y efectivos de la Policía Nacional han puesto en vilo a la operación de la minera Antamina en Áncash. Los manifestantes reclaman la devolución de 184 hectáreas adquiridas por la empresa en 1998, propiedad que hoy se ha convertido en el eje de una disputa que combina violencia, extorsión y liderazgo cuestionado.

La exigencia económica asciende a 27 millones de dólares en efectivo, mientras que la compañía ha ofrecido una contraoferta de poco más de 4 millones, rechazada de inmediato por los manifestantes. Los ataques han dejado pérdidas materiales que superan los 20 millones de soles, incluyendo maquinaria y vehículos incinerados en Huacracocha, mientras la empresa mantiene en pie un plan de expansión de más de 2 mil millones de dólares con horizonte hasta el 2036.

En medio de este conflicto emerge la figura de Duberlí Pintado, un arquitecto ajeno a la comunidad que se ha convertido en el coordinador principal de las acciones de protesta. Pintado, quien tiene un contrato de consultoría por más de 200 mil soles con la Municipalidad de San Marcos, enfrenta una investigación fiscal por presuntos delitos de extorsión y usurpación agravada. Pese a ello, lidera la organización de los comuneros y ha sido vinculado directamente con los episodios más violentos.

La versión de los hechos está marcada por contradicciones. Algunos pobladores niegan la participación en la quema de maquinaria y atribuyen los daños a la propia empresa, mientras que en redes sociales circulan audios que alientan la destrucción de bienes. Este clima de desinformación ha intensificado la tensión en la zona, donde la policía permanece desplegada para evitar nuevos ataques.

Paradójicamente, Áncash recibió 1,344 millones de soles en canon minero hasta julio de 2025, en gran parte por los aportes de Antamina. Sin embargo, la provincia de San Marcos, considerada la más rica del país gracias a estos recursos, enfrenta carencias graves: su hospital carece de medicinas y las carreteras presentan un deterioro crítico, reflejando la brecha entre la riqueza generada por la minería y las necesidades insatisfechas de la población.