El Reporte

Callejón sin salida

Publicado el 30 de enero de 2023

Fuente: EL REPORTE


El ruedo político entraría a una etapa definitoria. Después de agravarse el clima de violencia en Lima y en el sur del país, y tras ralentizarse el consenso en el Congreso respecto a la fecha del adelanto de elecciones, la presidenta Dina Boluarte tomó la palabra y dio un ultimátum. En un mensaje a la Nación, dado la noche de este último domingo 29 de enero, anunció que si el Legislativo no acepta la reconsideración para agendar los comicios —presidenciales, congresales y en el Parlamento Andino— para octubre de este 2023, presentaría dos iniciativas legislativas. Una para forzar este escenario electoral, también para el mes mencionado, con posible segunda vuelta para diciembre, y otra para encargar al próximo Parlamento la delegación a la Comisión de Constitución de la reforma total de la Constitución de 1993, creada durante el gobierno de Alberto Fujimori. Esta postura del Ejecutivo solo expone su vulnerabilidad ante el ataque de las turbas antes de su disposición para dar con la fuente del financiamiento de estas.

 

El adelanto de elecciones

 

Iniciado el presente año, el Congreso, en sintonía con el Ejecutivo, viene barajando la implementación de unos nuevos comicios, sobre todo para restaurar la legitimidad de nuestras instituciones tras varios años de una encrucijada que nos llevó a la actual crisis. La primera oferta era para abril de 2024. En primera instancia se aprobó y se esperaba la segunda legislatura —15 de febrero— para ratificarla. Sin embargo, Fuerza Popular planteó el adelanto del adelanto: para octubre del 2023. Se admitió, se debatió y se rechazó. Pero pidieron reconsideración. Y este lunes 30 de enero se votará esta propuesta. Un día antes, el 29, la presidenta avisó que era menester darle la venia a esta iniciativa o el mismo Ejecutivo la pondría sobre la mesa.

 

“La primera (propuesta que presentaría si se rechaza la de Fuerza Popular) es debatir una reforma constitucional para que las elecciones generales sean indefectiblemente este año 2023. La primera vuelta en octubre y la segunda, de ser el caso, en diciembre”, señaló. Y agregó que esto implicaría: 1) “El recorte del periodo presidencial, de los congresistas de la República y de los representantes ante el Parlamento Andino, elegidos en las elecciones generales del 2021” y 2) “Que el presidente de la República convoque a elecciones generales para el segundo domingo de octubre de este año 2023”. Aseguró que el Legislativo podría aprobar esto “hasta el 28 de febrero”.

 

Desde ya, Alejandro Cavero, de Avanza País, y Rosangela Barbarán, de Fuerza Popular, coincidieron en la falta de capacidad de la mandataria. La misma línea siguieron el legislador no agrupado Carlos Anderson y la parlamentaria de Perú Libre, Kelly Portalatino. En el caso de Somos Perú, el congresista José Jerí le dijo a la presidenta que "no se trata de presentar otro proyecto de ley" sino de encontrar "un punto de equilibrio que atienda mínimamente las expectativas de todos (dentro y fuera del Congreso)". Darwin Espinoza, de Acción Popular, sindicado como uno de 'Los Niños', le recomendó que mejor renuncie.

 

Pese a que estas elecciones están a la vuelta de la esquina, hasta ahora ningún referente político ha asegurado directamente su candidatura. Solo hay pronunciamientos intermitentes de César Acuña, Hernando de Soto, Ollanta Humala y la promoción tácita de Keiko Fujimori por parte de su bancada. El único hecho que tenemos es la inscripción vigente de 13 partidos políticos ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y hay también 15 agrupaciones que se encuentran en proceso de inscripción (en la que está el APRA).

 

¿Asamblea constituyente?

 

Aprovechando esta encrucijada, la mandataria anunció otro proyecto, uno que aflora como la sombra de su pasado inmediato: el cambio de la Constitución de 1993. En sus mismas palabras, esta medida es "utilizada por algunas fuerzas políticas para menoscabar cualquier salida democrática a la actual situación". Pese a ello, consideró que debería ser planteado porque "calza perfectamente en la expectativa que tiene otro sector del Congreso que también quiere hacer reformas políticas mediante una asamblea constituyente". Esta metamorfosis de la Carta Magna, sin embargo, se la quiere encomendar al próximo Congreso.

 

"¿Qué proponemos? En primer lugar el proceso de reforma total de la Constitución de 1993 tiene su base legal en la Ley que está vigente, la 27600, publicada el 16 de diciembre del 2001. ¿Y qué dice esta ley? Que el Congreso proponga un proyecto de reforma total de la Constitución, tomando en cuenta la Constitución histórica del Perú", señala. "Tras su aprobación en el Congreso, será sometida a referéndum para que el pueblo decida si la reforma total se aprueba o no. La propuesta del Ejecutivo con esta iniciativa legislativa busca una amplia participación de la ciudadanía, en especial de aquellos sectores más excluidos de la sociedad. De este modo, todas las personas e instituciones podrán presentar sus anteproyectos o sus aportes al Congreso de la República. Además la Comisión de Constitución deberá promover la participación activa de la población en el debate para el diseño y aprobación de la reforma constitucional", complementa.

 

La última vez que se intentó reformar totalmente la Constitución de 1993, mediante la Ley 27600, fue a inicios de este milenio. En diciembre de 2001 se propuso esta iniciativa. La elaboración quedó en manos de la Comisión de Constitución, Reglamento y Acusaciones Constitucionales, dirigida por el entonces congresista Henry Pease. El 5 de abril del 2002 se mostró el anteproyecto. Se revisó, se modificó y se aprobó para finalmente presentarlo como proyecto de ley en julio del 2002. Fue admitida en primera votación, pero en el 2003 fue rechazada.

 

En el actual marco, la presidenta, aunque al inicio se mostraba frontal, viene evidenciando su fragilidad ante los manifestantes que ya evidenciaron su abstinencia al diálogo y su insistencia en la violencia como mecanismo de extorsión. Si la jefa de Estado presiona al Congreso así, uno incluso podría pensar que es una especie de Caballo de Troya de la izquierda política.

 

 


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