Fuente: EL REPORTE

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ya no disimula su parcialidad. El organismo nacido en el régimen de Martín Vizcarra quiere evitar que el Congreso inhabilite a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien quiso patear la investigación contra el golpista Pedro Castillo. Ha caído en exhortaciones que no están dentro de sus competencias, lo cual ha motivado que la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, presente una denuncia constitucional en contra de los siete miembros de este despacho. No solo pide la destitución de todos, sino también la inhabilitación por el plazo de diez años para el ejercicio público. De esta forma, se trata de matar dos pájaros de un solo tiro: un frente que vio la luz por obra y gracia del Lagarto y también a una apañadora de seudo políticos que buscan perpetuarse en el poder.

La ruta

El pasado 23 de diciembre del 2021, la parlamentaria Chirinos presentó una denuncia constitucional contra Zoraida Ávalos. La acusaba de la “inacción” frente al cada vez más desmantelado gobierno del profesor chotano. La acusaba de “infracción a la Constitución” y también del “delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales”.

En respuesta, abrió un caso y aunque avanzó a cuentagotas finalmente se pudo establecer una fecha para la sustentación: el último miércoles 24 de mayo.

La injerencia

Pese a que todo apuntaba a que la inhabilitación se iba a materializar sin mayores problemas por la evidente pasividad de Ávalos en el caso Castillo, un día antes, el 23 de mayo, la Junta Nacional de Justicia decidió meterse a terreno que no le correspondía. Esto con venia de sus siete miembros: Imelda Tumialán (presidente), Aldo Vásquez (vicepresidente), Henry Vásquez, Antonio De La Haza, María Zavala, Guillermo Thornberry y Luz Tello.

Asegurando que tenían una "delicada función en el sostenimiento de los necesarios equilibrios propios de un estado democrático y constitucional de derecho", exhortaron al Congreso a "la mayor reflexión en torno a la acusación constitucional que se tramita contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera, teniendo en vista que las imputaciones en su contra guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal".

“La justicia no puede ser afectada por la política, sin riesgo del quiebre de la autonomía de las instituciones. Ninguna conciencia democrática y Republica debería permanecer indiferente ante los desafíos que estas circunstancias suponen”, agregaron en el comunicado.

El descargo

Esto por supuesto no pasó desapercibido. La parlamentaria Patricia Chirinos identificó la injerencia y presentó una denuncia constitucional contra todos los involucrados. Les recordó que de acuerdo con la Ley Orgánica de la JNJ no pueden "exhortar" a otros poderes del Estado tampoco tomar "posiciones parcializadas sobre casos en particular".

“La grosera y desesperada intromisión de la JNJ en las decisiones del Congreso para salvar a su fiscal favorita, Zoraida Ávalos, configura como delito de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido del cargo, además de una clara vulneración a nuestra Constitución. Por ello he presentado la DC contra todos los miembros de la JNJ, solicitando su destitución e inhabilitación por 10 años de toda función pública”, complementó vía Twitter.

El silencio de este organismo vizcarrista cayó en el silencio, mientras que el Congreso tuvo que postergar por fuerza mayor la sustentación —que está en manos del parlamentario Ernesto Bustamante, quien se reportó como enfermo— para la inhabilitación de Zoraida Ávalos. Sobre esto último, sin embargo, ya se viene gestionando la posibilidad de agendar para este jueves 25 la argumentación del proceso. La opción es que sea vía remota. Esto a fin de que no se vea recién en junio, lo cual podría representar el enfriamiento del caso.

El Congreso no puede imitar el letargo que tuvo en su momento la ex fiscal de la Nación cuando Pedro Castillo operaba a tajo y destajo.

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