El Reporte

Salvan a Dina

Publicado el 05 de diciembre de 2022

Fuente: EL REPORTE


Se echaron para atrás. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) archivó la denuncia constitucional 268 contra la vicepresidenta de la República Dina Boluarte, a quien se le investigaba porque habría infringido el artículo 126 de la Constitución Política del Perú al haber ejercido presuntamente una doble función: como ministra de Desarrollo e Inclusión Social y también como presidenta del Club Departamental Apurímac. El encarpetamiento fue la recomendación que se suscribió en el informe final de este caso, elaborado por el congresista de Juntos por el Perú Edgar Reymundo. De esta forma, con 13 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones se habría allanado el camino de la funcionaria a la presidencia del Perú, que actualmente es dirigida por Pedro Castillo, quien enfrentará una moción de tercera vacancia este miércoles 7 de diciembre.


Muy temprano, la SAC abordó como primer tema, en su octava sesión extraordinaria, el caso Dina Boluarte. Después de conocerse que había 20 congresistas presentes —lo que dejó al quórum en 13—, el delegado Edgar Reymundo tomó la palabra. En síntesis: recomendó archivar la denuncia constitucional contra la vicepresidenta, quien era procesada por haber realizado trámites como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya era titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), lo cual configura como una infracción al artículo 126 de la Constitución del Perú, de acuerdo a la denuncia constitucional. El congresista dijo que la acción de la siguiente en la línea de mando gubernamental "no colisiona la autonomía e imparcialidad de los órganos involucrados (Oficina de Registros Públicos y la Municipalidad Metropolitana de Lima)" y que no "(ha) generado un dispendio de recursos del Estado o una afectación a algún bien jurídico constitucional".


“En mérito del presente informe, se recomienda el archivo de la denuncia constitucional 268 formulada por el congresista Javier Rommel Padilla Romero, por la probable infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución Política del Perú”, se lee en el documento.


Esto inmediatamente fue debatido. La congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, dijo: “Si se vota a favor de este informe, estaríamos avalando que todos los familiares de todos los ministros y todos los funcionarios públicos de alto nivel puedan ser contratados en el aparato estatal, menos en su sector, lo cual nos parece un despropósito”. Y agregó: “Tampoco podemos permitir que se hagan canjes o trueques familiares de funcionarios públicos pues esto abriría la puerta a más corrupción. No debemos permitir el "yo contrato a tu familiar, pero tú contrata al mío". Eso no es correcto en la administración pública”.


La misma línea siguió el parlamentario de Fuerza Popular, Juan Carlos Lizarzaburu: “El primer día de la inmersión que nos dieron cuando fuimos elegidos para el cargo de congresista, la Contraloría General de la República fue muy clara en decir que los familiares de los congresistas directos no podían hacer ningún tipo de trato con el Estado y mucho menos puestos porque el nepotismo no es posible pues, no es admisible y luego esto degenera en prebendas. Te contrato tus familiares, te contrato tus amigos, y la verdad es que no me parece limpio ni decente”.


Después de otras exposiciones, se inició la votación sobre el informe final. El resultado: 13 a favor; 8 en contra y 0 abstenciones. Los que dieron su respaldo son: Luis Aragón, José Arriola y Wilson Soto, de Acción Popular; José Balcazar, de Perú Bicentenario; Flavio Cruz, de Perú Libre; Hamlet Echevarría, de Perú Democrático; Elizabeth Medina, Bloque Magisterial; Segundo Montalvo y Margot Palacios, de Perú Libre; Susel Paredes, de Integridad y Desarrollo; Edgard Reymundo, Juntos por el Perú, y Hitler Saavedra, Somos Perú. En contra: Lady Camones, de Alianza para el Progreso; Noelia Herrera, de Renovación Popular; Diego Bazán, de Avanza País, y Hernando Guerra, Patricia Juárez, María Cordero y Juan Carlos Lizarzaburu, de Fuerza Popular.


Esta decisión podría representar una limpieza sospechosa de un personaje que estas últimas semanas viene tomando distancia convenientemente del régimen chotano. Esto ad portas de la tercera vacancia contra Pedro Castillo. ¿Ya se estará probando la banda presidencial?

 


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