El Centro Carter, que observó las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado domingo 28 de julio, concluyó que el proceso no cumple con los estándares regionales e internacionales de elecciones democráticas. El informe del Centro Carter resalta que el proceso electoral careció de las garantías necesarias para ser considerado libre y justo.

En respuesta a estos hallazgos, el gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Joe Biden, acusó al gobierno venezolano de “manipulación electoral” y “represión”. Washington consideró que el anuncio de la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales ha sido privado de “cualquier credibilidad” debido a la falta de transparencia y detalle en los resultados.

Aunque el Departamento de Estado no anunció nuevas sanciones, pidió la publicación inmediata y detallada de los resultados electorales. Vedant Patel, portavoz adjunto del Departamento de Estado, expresó que, aunque se valora la participación del pueblo venezolano, persisten “serias preocupaciones” sobre la legitimidad del resultado, que podría no reflejar la verdadera voluntad de la ciudadanía.

El gobierno estadounidense dejó abierta la posibilidad de imponer sanciones adicionales, dependiendo de las acciones futuras del gobierno de Maduro. Patel también subrayó la importancia de que cada voto sea contado de manera justa y que la información sea compartida con la oposición y observadores independientes sin demora.

En paralelo, se espera una reunión urgente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar la crisis electoral en Venezuela. El Departamento de Estado afirmó que continuará colaborando con la OEA en este asunto.