El 19 de agosto, la ONU anunció que está trabajando en una reforma del sistema fiscal mundial para impulsar el crecimiento económico y cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Esta reforma busca gravar a grandes multinacionales y personas con altos patrimonios para financiar los objetivos sostenibles, con sanciones a quienes no se adhieran.

La reforma se enmarca en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Fiscal Internacional, cuyo borrador final se presentará en la próxima Cumbre del Futuro. La convención pretende establecer un sistema tributario inclusivo y justo, centrado en la lucha contra la evasión fiscal y la generación de ingresos para los países, especialmente del Sur Global.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha defendido la medida argumentando que las ganancias excesivas de sectores como el energético deben ser gravadas para apoyar a los más vulnerables.

La ONU también busca atraer al sector privado para colaborar en la implementación de estos objetivos, vinculando la obtención de certificaciones con el cumplimiento de normativas sostenibles.

La propuesta ha generado debates sobre su impacto en las empresas, quienes, paradójicamente, se están adhiriendo a las plataformas de sostenibilidad de la ONU, posiblemente sin prever que serán las principales afectadas por la nueva fiscalidad global.