Ricardo Uceda es Periodista
Publicado en El Comercio

“Una ley de extinción de dominio es necesaria para cortarle recursos a organizaciones criminales”.

El Poder Judicial y el Ministerio Público participan en una campaña contra los intentos de modificar la ley de extinción de dominio, que permite al Estado apropiarse de bienes empleados en acciones criminales. La norma, del 2018, busca impedir que los imputados usen su patrimonio para empoderarse y continuar delinquiendo. La extinción ocurre en una instancia temible: un juicio autónomo, distinto al que determinará si hubo delito. La presunción de inocencia valdrá para el procesado, no para sus bienes. Puede estar afectado quien presuntamente realice “actividades ilícitas”, términos imprecisos que van más allá de la corrupción o el crimen organizado. Una ley genérica y la ineptitud de los jueces –azuzados por procuradores y fiscales– ocasionan injusticias irreparables.

¿Eres un patrón de lancha que cometió infracciones administrativas? Tu embarcación puede pasar a manos del Pronabi, el lugar donde muchos bienes incautados se convierten en chatarra o son rematados. Los gremios de la pesca forman parte de sectores interesados en un cambio de la legislación. Otro es el de los comerciantes, que pueden adquirir bienes de buena fe, sin conocer su compromiso con algún delito. O pueden ser incapaces de conocer lo que pasa en su inmueble. Los propietarios de la conocida cebichería Mi Barrunto podrían perder su local porque allí se habrían reunido, para consumir, supuestos narcotraficantes. Un restaurante es un espacio público, pero puede estar a tiro de los extinguidores. Los afectados terminan desposeídos luego de una investigación secreta. No se les notifica hasta que deben hacer descargos céleres, conminados a probar que su propiedad es “inocente” y no al revés, lo cual quebranta un principio constitucional.

Hace un año, en esta columna, relaté el insólito caso de Tamshi, una empresa de capitales franceses dedicada a producir cacao de alta calidad en Iquitos. Padeció una conspiración oenegística-judicial, que primero buscó acusarla de tráfico de madera y luego de pertenencia al crimen organizado, cargos de los cuales resultó absuelta luego de 10 años de procesos entrecruzados. Incluso logró demostrar que fue víctima de difamación. El último recurso en su contra del Ministerio Público fue reclamar la propiedad de su predio mediante la ley de extinción de dominio. Como es un proceso autónomo, no importa que todas las evidencias la favorezcan. Basta un juez parcializado para hundir una inversión que da empleo a 2.500 personas.

El peligro alcanza no solo a empresarios sino a simples ciudadanos. El 13 de mayo del 2023, el juez de extinción de dominio Eduardo Torres notificó a María del Pilar Herrera Alegría, de Ica, que había admitido a trámite la demanda de extinción de dominio de una barra de oro de su propiedad, de 2,5 kilos, valuada en US$162.294. Herrera tenía 30 días para demostrar que su bien no tenía procedencia ilícita. Ese era el caso, porque lo compró en una tienda formal, mediante una transferencia bancaria. Sin embargo, el juez se la expropió. Herrera estaba incursa en una investigación por lavado de activos, que resultó siendo archivada, pero después de que perdiera su barra. Ha recurrido, mediante una acción de amparo, a la Corte Superior de Lima, la que debe resolver próximamente. El caso puede llegar al Tribunal Constitucional.

El ingeniero Fernando Romero Quispeinga, de Urubamba, perdió su propiedad, de 2.000 m2, por haber arrendado la cuarta parte de esa extensión a Juan Saracco Olguín, quien lo emplearía, según dijo, como almacén para deportes de aventura. Sin embargo, Saracco sembró marihuana y, tras ser descubierto, confesó su delito acogiéndose a la terminación anticipada del proceso. El propietario no fue involucrado en el juicio, pues estuvo totalmente al margen de las actividades de su arrendatario. Grande fue su sorpresa cuando el Estado le arrebató su terreno −las dos hectáreas− después de un juicio por extinción de dominio. La sentencia de primera instancia, expedida en el 2021, fue confirmada por una sala superior del Cusco en el año siguiente.

Otro arrendador perjudicado fue la empresa Valeska S.A.C., que alquiló un camión a Inversiones Miramar, para transporte de pesca refrigerada al norte peruano. En un viaje fueron descubiertos recursos maderables que habrían sido obtenidos ilícitamente. Al arrendatario se le abrió investigación por el delito de tráfico ilegal de productos forestales. En el 2022, un juzgado de La Libertad incautó el camión, sentencia ratificada por una sala transitoria en segunda instancia. Valeska, que no participó en el supuesto hecho delictivo, pidió inútilmente cambiar la medida cautelar por otra menos gravosa. Ya ha perdido su propiedad.

El caso de los esposos Manuel Armas y Lucy Puente, vecinos del barrio La Colmena, en Cajamarca, es otro ejemplo de injusticia contra arrendadores. Le alquilaron a Cosme Pinedo, un amigo de ambos, un ambiente de su casa con puerta a la calle Misti, para que instalara una pequeña librería. El establecimiento funcionaba normalmente. La policía, por la versión de unos detenidos, encontró en la librería de Pinedo explosivos para ser empleados en la minería ilegal. Un juez de extinción de dominio sostuvo que el matrimonio Armas-Puente debió ser lo suficientemente diligente como para haber sabido lo que escondía su inquilino. Les quitó su casa. Los esposos han apelado, reiterando todas las pruebas de su inocencia, ante un juzgado de la Corte Superior de Cajamarca.

Una ley de extinción de dominio es necesaria para cortarle recursos a organizaciones criminales, pero en los ejemplos mencionados se aprecia una vocación expropiatoria que no afecta a la gran delincuencia. ¿Por qué debe perder sus propiedades una empresa limpia como Tamshi, una compradora de buena fe como la señora Herrera, o arrendadores desavisados como el ingeniero de Urubamba y los esposos de Cajamarca? Algo está mal.

Un proyecto de ley aprobado en primera votación en el Congreso restringiría la aplicación de la norma a determinadas actividades ilícitas penales, luego de una sentencia condenatoria. A partir de entonces, la justicia tendría cinco años –ya no plazo indefinido– para solicitar una incautación. Establece mayores garantías para compradores que adquieren una propiedad desconociendo que el vendedor realizaba actividades delictivas. El proceso ya no sería reservado para el emplazado. Como el Congreso está plagado de investigados por corrupción, la iniciativa viene siendo atribuida al crimen organizado. Pero el Colegio de Abogados de Lima, cuyo decano, Raúl Canelo, es ajeno a los grupos parlamentarios, presentó un proyecto de ley reformista. En algunos aspectos difiere del primero, pero coincide en que es indispensable una certeza de culpabilidad. Establece, además, que la extinción de dominio no tendría alcance retroactivo, como ocurre actualmente.

En el Tribunal Constitucional hubo un debate por una demanda de la Defensoría del Pueblo que arguye violación del derecho de propiedad y de los principios de presunción de inocencia e irretroactividad de las leyes. El argumento contrario del procurador Luis Huerta descansó en la eficiencia de la norma. Dijo que antes de que existiera solo se obtuvieron 34 sentencias, contra 1.400 posteriormente. No sorprende esta productividad, considerando las condiciones de juzgamiento. La cuestión de fondo es si se puede luchar contra el crimen respetando los derechos de la gente.

El juez Luis Luján Túpez, presidente de la Sala Suprema que dirime los juicios por extinción de dominio, está haciendo activismo contra los cambios. Es indebido, porque él resuelve casos que esperan su decisión imparcial. Probablemente será recusado en su próxima actuación. A su vez, el Ministerio Público lanzó una propaganda que acusa a los reformistas de ser aliados de la corrupción. Este negacionismo predica, en la práctica, justicia a cualquier precio, sin comprender que la norma necesita urgentes correcciones para evitar no solo los abusos, sino una mayor deslegitimación del sistema judicial.