Por Franco Saito Namisato, Investigador en Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) | Perú Trasciende

Hoy, a diferencia de hace una década, un empleado público promedio gana entre 16% y 18% más que un trabajador formal del sector privado (BCRP, 2025; EPEN, 2025).

Entre 2015 y 2025, los trabajadores del Estado aumentaron 22%, pero sus remuneraciones promedio crecieron 66% —el doble que en el sector privado—, según cifras del BCRP que revisamos en la Red de Estudios Para el Desarrollo. Si miramos la película completa: desde el 2000, el gasto en planillas públicas se ha multiplicado por siete, ajustado por inflación.

A cambio, ¿cuánta más y mejor salud, educación o seguridad hemos recibido a cambio? Sería injusto negar los avances, pero las brechas son enormes: solo 3 de cada 10 estudiantes comprenden lo que leen y casi la mitad de los niños sufre anemia.

Es innegable que el Estado necesita salarios competitivos para atraer y retener talento —y algunos aumentos eran necesarios—. Pero los incrementos no han venido acompañados de reformas que aseguren meritocracia y capacidad técnica:
❌ Solo 1% de las entidades públicas culminó su tránsito al régimen del servicio civil desde 2013.
❌ La calidad del servicio civil retrocedió entre 2015 y 2022, ubicando al país por debajo del promedio regional (BID, 2022).
❌ Solo 2% de los servidores públicos encargados de inversión pública tiene conocimientos óptimos (Servir, 2020).

Las instituciones han sido clave para comprender tanto los avances como los fracasos del país. Mientras nuestras instituciones macroeconómicas se consolidaron, las que deben garantizar servicios públicos siguen rezagadas o han retrocedido. Ahí está la clave.

Sin mejoras en eficiencia y productividad, el aumento en planillas solo vuelve más rígido el presupuesto, reduce el espacio para invertir en obras y limita la capacidad de la política fiscal para responder ante shocks. Si queremos un Perú que avance, necesitamos un Estado que convierta recursos en resultados y bienestar.