La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de sancionar a la campaña Petro Presidente 2022-2026 por superar los topes de gasto desató un inmediato pedido de destitución del mandatario por parte de sectores de oposición, que consideran el fallo como la confirmación de una falta grave.

El CNE determinó, con seis votos a favor y tres en contra, que la campaña excedió los límites permitidos en ambas vueltas presidenciales en más de 5.300 millones de pesos, con gastos no reportados en primera y segunda vuelta.

La ponencia, impulsada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, detonó fuertes reacciones políticas. María Fernanda Cabal, senadora y precandidata del Centro Democrático, afirmó que el país presencia la “confirmación” de denuncias realizadas desde 2023. En su mensaje, sostuvo que la campaña de Petro “violó los topes de financiación por un monto cercano a los 6.000 millones” y pidió que se investiguen presuntas filtraciones de las disidencias de las FARC, lideradas por alias Iván Mordisco, para esclarecer eventuales apoyos irregulares.

Otra figura opositora que celebró la decisión fue Paloma Valencia, también senadora y precandidata presidencial, quien aseguró que la Constitución contempla la destitución como sanción para quien obtenga un cargo público superando los límites electorales. Además, retó al mandatario a publicar los reportes de la Dian correspondientes al gerente de la campaña, Ricardo Roa, al considerar que allí podrían encontrarse pruebas sobre el manejo de fondos de origen desconocido.

A las voces críticas se sumaron Paola Holguín y la periodista y precandidata Vicky Dávila, quien calificó la violación de topes como “corrupción” y aseguró que así habría llegado Petro a la presidencia. También se pronunció Juan Manuel Galán, quien llamó a acatar la decisión del órgano electoral y planteó la necesidad de impulsar una reforma política que garantice una financiación “transparente y sin dudas” en futuras campañas.

En contraste, desde el oficialismo se denunció una persecución política. Gustavo Bolívar, exprecandidato presidencial, afirmó que el CNE actuó con un criterio “político” y señaló que casos de campañas anteriores —como Odebrecht en la de Juan Manuel Santos o la llamada Ñeñe Política— fueron archivados, mientras que al actual gobierno “sí le cae todo el peso”. A ello se sumó la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, quien cuestionó la imparcialidad del conjuez Majer Abushinhab y afirmó que debió declararse impedido por ser abogado del excandidato Federico Gutiérrez, opositor del presidente.

La decisión del CNE no solo reactivó el debate sobre la financiación electoral en Colombia, sino que elevó la tensión política en torno al futuro del mandatario. Mientras sectores de oposición insisten en que la sanción abre la puerta a la destitución, desde el gobierno denuncian un intento de deslegitimar al proyecto político del Pacto Histórico mediante decisiones que califican como selectivas y motivadas políticamente.