En un acto oficial en homenaje a las fuerzas del orden, la presidenta Dina Boluarte anunció que su Gobierno presentará un proyecto para impulsar la salida del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluye a la Comisión Interamericana (CIDH) y a la Corte Interamericana (Corte IDH).

Según la mandataria, la medida busca “defender la soberanía nacional” y evitar que organismos internacionales interfieran en decisiones internas, reafirmando el derecho del país a legislar de manera independiente.

La propuesta se enmarca en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el sistema judicial internacional, especialmente después de que el Congreso aprobara una polémica ley de amnistía para policías y militares condenados por violaciones de derechos humanos cometidas durante el Conflicto Armado Interno (1980-2000). Este proyecto ha sido cuestionado por diversas entidades internacionales, que lo consideran una amenaza a la democracia. Frente a ello, Boluarte insistió en que “el Perú es libre para promulgar las leyes que considere adecuadas” y rechazó lo que calificó como intentos de socavar la independencia de las instituciones nacionales.

La reaparición de Juan José Santiváñez, recientemente nombrado ministro de Justicia y Derechos Humanos tras haber sido censurado en el Congreso, refuerza la estrategia del Gobierno. En marzo, el exministro ya había planteado la posibilidad de salir de la Corte IDH, aunque finalmente no lo expresó en su discurso. Su regreso al Ejecutivo alimenta las versiones de que será pieza clave en la materialización de esta iniciativa, que además serviría a Boluarte como blindaje ante posibles procesos internacionales por las muertes registradas durante las protestas de 2022 y 2023.

El anuncio también revive recuerdos del fujimorato, cuando en 1999 el expresidente Alberto Fujimori promovió la salida del Perú de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. En esa ocasión, el Congreso respaldó la medida con una resolución legislativa, lo que marcó un precedente polémico en la relación del país con el sistema interamericano de protección de derechos humanos.

En paralelo a este pronunciamiento, Boluarte arremetió contra la Fiscalía tras el reciente allanamiento a la vivienda de su hermano Nicanor Boluarte, a quien se investiga por presunta pertenencia a una organización criminal. La mandataria calificó la diligencia como “un muñeco armado” y defendió a su hermano, asegurando que los implicados en el caso “ni siquiera se conocen entre sí”. Además, acusó a algunos fiscales y jueces de carecer de integridad y cuestionó la procedencia de su patrimonio, sugiriendo que deberían someterse a un “autoallanamiento” antes de allanar casas ajenas.