El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, enfrenta una creciente presión política luego de sus declaraciones sobre el caso de los trece trabajadores secuestrados y asesinados en Pataz, La Libertad. El congresista Roberto Sánchez informó que ya se han reunido 20 de las 33 firmas necesarias para presentar una moción de censura contra el premier, la cual se espera sea formalizada en los próximos días.

La moción en elaboración lo acusa de demostrar “manifiesta incapacidad” para liderar la lucha contra la inseguridad ciudadana. El descontento se intensificó luego de que Adrianzén pusiera en duda que el caso de los mineros de La Poderosa se tratara efectivamente de un secuestro, pese a los testimonios y evidencias presentados por las autoridades. Sus comentarios fueron interpretados como una falta de respeto hacia las víctimas y sus familias, y generaron una ola de críticas en distintos sectores políticos.

En paralelo, la bancada de Fuerza Popular anunció una próxima interpelación al ministro de Defensa, Walter Astudillo, para que explique el papel de las Fuerzas Armadas en las zonas declaradas en emergencia. A través de un comunicado, dicho grupo parlamentario responsabilizó al Gobierno por el aumento de la violencia en regiones mineras y cuestionó el despliegue militar como una medida “simbólica” sin resultados reales. “El Ejecutivo demuestra pasividad y ausencia de estrategia frente al crimen organizado”, afirmaron.

Por su parte, Renovación Popular exigió la renuncia inmediata de Adrianzén y una reconfiguración total del gabinete ministerial. En un pronunciamiento, esta bancada calificó de “inadmisible” la actuación del Ejecutivo y pidió fortalecer a la Policía Nacional, además de autorizar el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas críticas. También solicitó que se apruebe de inmediato el proyecto de ley sobre terrorismo urbano que se encuentra en agenda parlamentaria.

La indignación se desató tras el hallazgo de los cuerpos de los trece trabajadores en el interior de un socavón, nueve días después de haber sido reportados como desaparecidos. Las autoridades presumen que fueron ejecutados por una organización criminal vinculada a la minería ilegal, en un episodio que ha evidenciado, una vez más, la fragilidad del Estado ante la expansión de redes delictivas en el interior del país.