La Municipalidad Metropolitana de Lima asumió este jueves el control de los 85 kilómetros de la Panamericana Sur y Norte administrados por Rutas de Lima, luego de que la concesionaria anunciara su retiro definitivo.

El despliegue estuvo encabezado por el alcalde Renzo Reggiardo, quien aseguró que no se aplicará cobro de peajes en Villa, Punta Negra y Puente Piedra, y que los servicios de tránsito, mantenimiento y emergencia se mantienen operativos sin interrupciones.

La decisión motivó reacciones inmediatas en el Congreso. Uno de los parlamentarios consultados subrayó su respaldo a la intervención municipal y remarcó a Expreso que el objetivo ahora es transparentar el manejo de la infraestructura durante los años de concesión. “Estamos para apoyarlo porque es necesario también que se vaya ya transparentando todo lo que nos afectó, no tan solo a la Municipalidad de Lima, sino a todos los peruanos”, declaró.

El legislador también advirtió que no descarta que la empresa lleve el caso a instancias internacionales, por lo que consideró vital que la comuna capitalina cuente con sustento jurídico sólido. “Ellos van a reaccionar, van a hacer una demanda, pero también nosotros, y especialmente la Municipalidad de Lima, tenemos que contestar estas demandas con un asidero legal”, mencionó ante dicho medio, enfatizando que cualquier decisión debe estar respaldada por estudios normativos.

Desde Acción Popular, el vocero Edwin Martínez también se mostró a favor de que la MML administre los peajes, pero pidió que la gestión incluya una mejora real del servicio y mantenimiento. “Yo creo que el tema de los peajes debe ser administrado por la propia municipalidad, pero dando un verdadero servicio de mantenimiento; no vaya a ser que descuiden la transitabilidad y eso genere caos y accidentes”, señaló en declaraciones recogidas por Expreso.

En paralelo, la comuna anunció la caducidad del contrato Vías Nuevas de Lima por presuntos incumplimientos insubsanables de la concesionaria, entre ellos el cierre de oficinas y la ausencia de personal. Junto a la medida, se activó la Carta Fianza por US$40 millones para asegurar continuidad en las operaciones. Con el control retomado y la seguridad reforzada, el debate político queda abierto mientras el Congreso y la Municipalidad preparan escenarios legales frente a una eventual respuesta de Rutas de Lima.