El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, advirtió que su bancada en el Congreso podría presentar una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte si el Ejecutivo aprueba un nuevo rescate financiero para Petroperú. Durante una entrevista televisiva, el líder de Renovación Popular señaló que la situación de la petrolera estatal es insostenible y que seguir financiándola con recursos públicos sería una falta grave que amerita una respuesta política contundente.

La declaración se produjo luego de que el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, reconociera que el Gobierno evalúa una reestructuración financiera para Petroperú. Aunque descartó un salvataje directo, la sola posibilidad de nuevas medidas en favor de la empresa generó críticas en sectores de oposición. López Aliaga calificó a la petrolera como “un barril sin fondo” y sostuvo que su modelo estatal ha fracasado, por lo que se requiere una alternativa urgente.

Como solución, el alcalde propuso transferir la propiedad y gestión de Petroperú a sus trabajadores mediante un fideicomiso. Según dijo, los empleados con experiencia operativa estarían en mejor posición para conducir la empresa hacia su recuperación. “Dales esa propiedad. Págales con acciones y que lo manejen ellos”, sugirió. En caso contrario, planteó que la compañía ingrese a un proceso concursal en Indecopi si no logra revertir su crisis.

La advertencia del burgomaestre ocurre en medio de una coyuntura delicada para la petrolera estatal, que reportó pérdidas por 774 millones de dólares en 2024. Aunque su auditoría fue aprobada con salvedades por PwC, se advirtió sobre una incertidumbre que compromete su viabilidad. En años recientes, el Estado ya inyectó más de 2,500 millones de dólares en distintas operaciones de rescate y garantías.

Finalmente, López Aliaga también condicionó el respaldo de su bancada a que el Gobierno cumpla con once medidas en materia de seguridad ciudadana previamente exigidas por Renovación Popular. De lo contrario, advirtió, se impulsará la vacancia presidencial. La tensión política crece mientras el Ejecutivo intenta mantener a flote a una empresa emblemática pero golpeada por una profunda crisis financiera y estructural.