Han transcurrido más de ocho años desde que el exjefe del GEIN, Benedicto Jiménez, fuera acusado por la fiscal Marita Barreto de integrar una organización criminal vinculada a Rodolfo Orellana. Pese al tiempo transcurrido, hasta hoy no se ha podido probar ningún delito en su contra. El héroe de la captura de Abimael Guzmán pasó de ser figura clave en la lucha contra el terrorismo a enfrentar un proceso judicial lleno de cuestionamientos y demoras.

Jiménez, quien lideró el histórico equipo que desarticuló la cúpula de Sendero Luminoso, fue señalado por haber colaborado con Orellana como director de la revista “Juez Justo”. A partir de ello, se le imputaron cargos por lavado de activos y asociación ilícita, aunque su defensa sostiene que no existen documentos, firmas ni movimientos financieros que lo comprometan de manera directa con actividades delictivas.

Durante estos años, el proceso ha estado marcado por demoras, irregularidades y falta de pruebas sólidas. La defensa del exgeneral denuncia que fue perseguido sin sustento legal, en una causa impulsada por una fiscalía que —según ellos— buscó notoriedad más que justicia. Mientras tanto, Jiménez ha enfrentado no solo prisión preventiva sino también un delicado estado de salud que lo ha mantenido hospitalizado por largos periodos.

El caso ha causado indignación en diversos sectores, al recordar que todos los integrantes del GEIN fueron condecorados como héroes de la democracia, salvo él. No fue sino hasta 33 años después que finalmente recibió el ascenso al grado de general PNP por acción distinguida. Sin embargo, ese reconocimiento llega tarde y con sabor amargo, mientras sigue esperando una resolución judicial definitiva.

Con la salud quebrada y un expediente aún sin cierre, Benedicto Jiménez representa para muchos un símbolo de cómo la justicia puede desviarse cuando se olvida el principio de presunción de inocencia. Su caso se ha convertido en un emblema de procesos interminables y decisiones fiscales que, a la fecha, siguen sin respaldo probatorio.