China está reconfigurando la cooperación en seguridad en América Latina y el Caribe a través de su Iniciativa de Seguridad Global (GSI), lanzada por Xi Jinping en 2022. A diferencia de los tradicionales acuerdos centrados en el ámbito militar y geopolítico, esta estrategia pone el énfasis en el trabajo con la policía, la vigilancia y el apoyo a la gobernanza. El objetivo es diferenciarse de la oferta estadounidense, que sigue priorizando los vínculos militares.

Uno de los ejes más visibles del GSI es el suministro de equipos para las fuerzas del orden. En Panamá, por ejemplo, se entregaron miles de cascos y chalecos antibalas a distintas ramas de seguridad. También se ha impulsado el modelo de “ciudades seguras” con sistemas de videovigilancia y reconocimiento facial, como el ECU 911 en Ecuador, financiado con un crédito de 240 millones de dólares y construido en gran parte por Huawei. Estas iniciativas, aunque presentadas como mecanismos de prevención del delito, despiertan cuestionamientos por los riesgos de vigilancia masiva y la recolección de información sensible.

Mientras Washington canaliza su asistencia principalmente a través de programas de formación y fortalecimiento institucional, las empresas chinas se muestran más competitivas en el mercado regional de la seguridad. Al mismo tiempo, Pekín ha instalado “estaciones policiales” en varios países, desde Argentina hasta Perú, que oficialmente ofrecen servicios a sus ciudadanos, pero que también cumplen funciones de control político sobre la diáspora y presión sobre disidentes.

China ha dado un paso adicional al relacionarse directamente con gobiernos locales y provinciales, muchas veces al margen de la supervisión nacional. Esto le ha permitido avanzar en proyectos estratégicos como la instalación de una estación espacial en Neuquén, Argentina, y un acuerdo para desarrollar un puerto y planta química en Tierra del Fuego. Estas prácticas contrastan con el modelo estadounidense, que suele pasar por los canales centrales y respetar la soberanía nacional en sus compromisos.

Otro rasgo central del enfoque chino es su indiferencia ante la forma de gobierno, la corrupción o las condiciones de derechos humanos de sus socios. Mientras EE. UU. suele condicionar su apoyo a estándares democráticos, Pekín entrega equipos y tecnología sin exigir reformas políticas. Un ejemplo fue el suministro de herramientas de control social al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, incluidas plataformas de identificación que han servido para vigilar a la población.

Aunque China no busca un enfrentamiento abierto con Estados Unidos, sí aprovecha los vacíos que deja la política norteamericana para proyectar su influencia en la región. La estrategia se presenta como pragmática y flexible, lo que la hace atractiva para gobiernos con necesidades inmediatas de seguridad. Analistas advierten que si Washington no adapta sus programas a las prioridades locales con rapidez y coordinación, corre el riesgo de perder espacio en su propio hemisferio frente a una China cada vez más presente.