Un grupo de ciudadanos emitió un pronunciamiento en el que rechazan los intentos de derogar o inaplicar la Ley 32419, que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y a integrantes de Comités de Autodefensa procesados por hechos vinculados a la lucha contra el terrorismo. Los firmantes sostienen que se trata de un acto de justicia hacia quienes defendieron al país de los ataques terroristas iniciados por Sendero Luminoso en 1980 y el MRTA a partir de 1982.

En el comunicado se recuerda que las acciones terroristas se extendieron hasta 1992, cuando el GEIN de la Dircote capturó a los principales líderes subversivos. Durante ese periodo, militares y policías afrontaron una guerra asimétrica en la que los ataques a comunidades, autoridades, campesinos y agentes del orden buscaban instaurar el terror. Los ciudadanos señalan que, pese a las dificultades, las fuerzas del orden cumplieron un rol decisivo para devolver la paz al país.

El pronunciamiento también admite que algunos efectivos cometieron delitos en el marco de ese proceso, pero cuestiona que estos sean calificados como crímenes de lesa humanidad. Aseguran que esa tipificación ha servido para mantener procesos judiciales interminables, mientras que exintegrantes de grupos terroristas han recuperado su libertad. Consideran que esta situación constituye una paradoja que perjudica a quienes enfrentaron a la subversión.

En defensa de la norma, se invoca el artículo 102 inciso 6 de la Constitución, así como los tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Los ciudadanos afirman que estos instrumentos reconocen la procedencia de amnistías e indultos, incluso en casos de condena a pena de muerte, por lo que su aplicación en el Perú resulta válida y vigente.

Finalmente, rechazan la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que acusan de contradecir los textos claros de dichos tratados. Señalan que la CIDH no puede invalidar una decisión soberana del país y remarcan que la amnistía busca poner fin a lo que llaman una “persecución perpetua” contra militares y policías que, según indican, fueron quienes garantizaron la defensa de la nación frente al terrorismo.

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