La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema anuló la suspensión por 24 meses que pesaba sobre Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, y ordenó su reposición en el Ministerio Público.

La resolución, emitida tras la audiencia de apelación, señala que la medida solicitada por la fiscal Delia Espinoza carecía de sustento jurídico mínimo y que, por tanto, el juez Segismundo León nunca debió aceptar el trámite. Sin embargo, Benavides ya no podrá volver a la jefatura de la institución porque su periodo legal culminó.

El tribunal, presidido por César San Martín, explicó que no se podía restringir derechos fundamentales a una persona solo por estar en una etapa preliminar de investigación, sin control judicial. Además, subrayó que en el caso de una fiscal suprema, cualquier proceso penal requiere de la acusación constitucional previa, según lo establecido en el artículo 99 de la Constitución. Por tanto, el pedido de suspensión fue declarado improcedente al no contar con los requisitos formales ni de fondo.

La resolución también hace referencia a lo ocurrido el 25 de junio, cuando se ejecutó la denominada “suspensión exprés” horas después de la audiencia y con resolución notificada de madrugada. Según la Corte Suprema, esta fue una maniobra sin precedentes legales, sin sanción disciplinaria vigente ni pronunciamiento del Congreso. La sala le dio la razón al abogado Humberto Abanto al afirmar que, al no haberse aprobado una denuncia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no se requería ratificación posterior para quedar sin efecto.

En el fallo se recuerda que, cuando la Junta Nacional de Justicia ordenó el retorno de Benavides en junio, aún restaban días de su mandato, pero Espinoza se negó a acatar el mandato. Incluso permaneció en su despacho e hizo declaraciones públicas con contenido político. Ahora, la Corte Suprema establece que la reposición es imperativa y que la investigada no tiene ninguna sanción en firme.

La decisión marca un punto de quiebre en la pugna interna dentro del Ministerio Público y representa un revés judicial para la corriente que intentó mantener alejada a Benavides del cargo. Aunque no podrá retomar la conducción de la Fiscalía, su reincorporación es vista como una reivindicación frente al uso arbitrario de medidas cautelares sin control constitucional ni parlamentario.