La justicia de Luxemburgo autorizó el embargo de bienes del Estado peruano por más de 315 millones de dólares, a solicitud del conglomerado español ACS, presidido por Florentino Pérez.

La medida responde al impago de parte del laudo emitido por el CIADI a favor de la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima, liderada por ACS, y se ejecuta bajo la legislación luxemburguesa, favorable para la ejecución de fallos internacionales. La disputa legal entre ambas partes se remonta a 2017, cuando la empresa denunció incumplimientos del contrato por parte del Estado peruano.

El laudo arbitral, emitido en marzo de 2024 y ajustado meses después, fijó una indemnización cercana a los 456 millones de dólares. Aunque Perú ha pagado 106 millones, otros montos fueron suspendidos o impugnados, lo que llevó a ACS a buscar la ejecución parcial del fallo.

Ante esto, el Gobierno presentó en febrero de 2025 una solicitud para anular parcialmente el laudo, centrada en los llamados “Daños Bajo Protesto” y otros puntos técnicos. El CIADI evaluará esta solicitud en octubre, pero un resultado final podría tardar hasta fines de 2026.

La decisión de acudir a Luxemburgo marca un precedente para futuras disputas en la región, donde las constructoras europeas suelen enfrentar trabas contractuales. Florentino Pérez ha señalado que el uso del arbitraje es clave para proteger inversiones en América Latina. Mientras tanto, el caso sigue abierto en varios frentes judiciales, y con más de 300 millones aún en juego, se perfila como uno de los litigios más complejos entre un Estado latinoamericano y una empresa europea en el ámbito de infraestructura.