La Fiscalía ha solicitado al Poder Judicial imponer impedimento de salida del país para la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, como parte del proceso penal que enfrenta por presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos vinculados al caso Lava Jato.

La solicitud fue presentada por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, quien también ha pedido reforzar las restricciones impuestas a Villarán mediante la acumulación de nuevas reglas de conducta.

Según el Ministerio Público, esta medida es necesaria para asegurar la presencia de la procesada en el juicio, dada la gravedad de los cargos que se le imputan. La audiencia para evaluar este requerimiento ha sido programada para el jueves 10 de julio a las 11:00 a. m., y será presidida por el juez Jorge Chávez Tamariz en la sede de la Corte Superior Nacional. El magistrado escuchará los argumentos de la Fiscalía y la defensa antes de tomar una decisión.

El pedido de impedimento de salida también alcanza a exfuncionarios de la Municipalidad de Lima, como Domingo Arzubialde, Gabriel Prado, Marco Zevallos y otros once investigados. Todos ellos están implicados en presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de Villarán, en el marco de los contratos suscritos con las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, protagonistas del mayor escándalo de corrupción en América Latina.

Adicionalmente, el despacho del fiscal Pérez ha solicitado prisión preventiva contra el empresario Mario Ruas Nogueira y comparecencia con restricciones para Freddy Chirinos, ambos presuntamente vinculados al financiamiento ilegal de campañas. La acusación sostiene que Villarán recibió más de 10 millones de dólares en aportes ilícitos para su campaña contra la revocatoria en 2013 y su candidatura a la reelección en 2014.

El juicio oral contra la exburgomaestre y los demás implicados ha sido fijado para el 23 de septiembre por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional. La Fiscalía ha solicitado una pena de 29 años de prisión efectiva para Villarán, en un proceso que marca uno de los capítulos más emblemáticos de la corrupción política en el país.