El juicio contra la exalcaldesa de Lima Susana Villarán comenzará este martes con las audiencias en las que la Fiscalía sustentará su acusación por recibir millonarios aportes ilícitos de campaña, en un proceso marcado por la incertidumbre sobre la muerte de su exgerente municipal José Miguel Castro.

Han pasado casi tres meses desde que este último fue hallado degollado en el baño de su vivienda, pero aún no se ha establecido si se trató de un suicidio o de un homicidio, pese a que las primeras evidencias apuntan a un crimen.

El cadáver de Castro fue encontrado el 29 de junio con un profundo corte en el cuello y dos cuchillos al costado. El acta de levantamiento de cadáver consignó que se trataba de una “muerte violenta” y recomendó una necropsia completa, cuyo informe ya está en manos del fiscal Richard Rojas. No obstante, dicho reporte ha sido calificado como ambiguo y no ha permitido esclarecer la causa del deceso. La Policía Nacional, a cargo de las diligencias preliminares, tampoco ha podido concluir sus pesquisas.

Entre los vacíos de la investigación se encuentran la falta de análisis del celular de Castro, que podría revelar si recibió amenazas previas, y la revisión incompleta de videos de seguridad que registraron movimientos en su domicilio horas antes del hecho. Los testimonios de su padre, su expareja Paula Maguiña y su hijo menor han sido recogidos, pero aún restan interrogatorios clave, como el del perito que practicó la necropsia. El fiscal Rojas ha solicitado a la Policía que remita toda la información para definir la estrategia legal a seguir.

Castro era una pieza clave en el caso Villarán. Si bien no accedió a convertirse en colaborador eficaz, había declarado sobre los aportes de OAS, Odebrecht y Graña y Montero, detallando que más de US$11 millones fueron destinados a las campañas contra la revocatoria en 2013 y para la reelección en 2014. Según la Fiscalía, esas donaciones facilitaron beneficios indebidos para las constructoras, como la ampliación de la concesión de Línea Amarilla y la adjudicación de Rutas de Lima.

La ausencia de Castro deja un vacío en el proceso, aunque la acusación fiscal cuenta con otros elementos probatorios que sostienen la hipótesis de financiamiento ilícito. El reto para el Ministerio Público será demostrar la responsabilidad de la exalcaldesa y, al mismo tiempo, esclarecer si la trágica muerte de su exgerente municipal fue un intento deliberado de silenciar a un testigo incómodo o un desenlace distinto. El juicio se abre así bajo la sombra de una de las muertes más enigmáticas en la política reciente.