El Poder Judicial dispuso el inicio del juicio oral contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en el marco del caso Westfield Capital, donde la fiscalía le imputa el delito de lavado de activos agravado. La acusación también alcanza a su exsocio Gerardo Sepúlveda y a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, Dorado Asset Management y Latin American Enterprise Managers, señaladas como instrumentos financieros clave.

El Ministerio Público ha solicitado 35 años de prisión para Kuczynski y Sepúlveda, además de una reparación civil de más de 46 millones de dólares. Según la investigación, las empresas habrían canalizado pagos ilícitos vinculados a contratos de megaproyectos de infraestructura, como Camisea, el Trasvase Olmos, la Interoceánica Sur y Vías Nuevas de Lima. Se estima que los ingresos ilícitos superaron los 8.6 millones de dólares, recursos que habrían sido utilizados para financiar campañas, adquirir inmuebles y realizar transferencias a terceros.

La tesis fiscal sostiene que entre 2001 y 2016 operó una organización criminal liderada por Kuczynski, con Sepúlveda como operador financiero y la participación de colaboradores cercanos como Gloria Kisic Wagner y José Luis Bernaola. El esquema habría funcionado a través de contratos simulados de asesoría y triangulación de fondos entre Perú y el extranjero.

Para sustentar la acusación, el Ministerio Público presentó 2,577 pruebas entre contratos, transferencias, correos electrónicos, testimonios de colaboradores eficaces y peritajes contables. El juez Jorge Chávez Tamariz validó todos estos elementos, que ahora serán evaluados por un Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional durante el juicio oral.

La defensa del exmandatario ha insistido en que los servicios de asesoría financiera existieron y están debidamente documentados, rechazando cualquier vínculo entre los pagos y sus cargos públicos. Sin embargo, el caso coloca a Kuczynski —bajo arresto domiciliario desde 2019— ante la posibilidad de una condena histórica, en un proceso que será seguido de cerca por la opinión pública y el sistema político del país.