La Procuraduría General del Estado emitió un comunicado en el que defendió la legalidad y autonomía de sus decisiones, luego de que se dispusiera la culminación de funciones de Silvana Carrión como procuradora ad hoc para el caso Lava Jato. La institución precisó que esta medida se enmarca en el artículo 18 del Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1326, que establece que los procuradores son servidores de confianza y, por tanto, pueden ser cesados con la aprobación de su Consejo Directivo.

El organismo indicó que la defensa jurídica del Estado en el caso Odebrecht y otros continuará a cargo de Carlos Alberto Fernández Muñoz, procurador público ad hoc adjunto, garantizando la continuidad de los procesos sin afectar los objetivos institucionales. Enfatizó que el trabajo de la Procuraduría seguirá realizándose de manera técnica y dentro de los marcos legales establecidos.

Asimismo, la Procuraduría se pronunció sobre el caso que involucra al periodista Rodrigo Cruz y otros investigados, precisando que el requerimiento fiscal fue presentado el 21 de agosto. La imputación, señaló, estaría vinculada a un presunto favorecimiento a la fiscal Marita Barreto por el presunto delito de cohecho pasivo específico. El proceso incluye a tres imputados y un testigo cuya declaración originó el pedido de actos de investigación, como el levantamiento del secreto de las comunicaciones.

En ese sentido, la entidad rechazó que estas acciones puedan interpretarse como un atentado contra la libertad de expresión y de información, derechos que, recalcó, se encuentran garantizados en la Constitución. Reiteró que sus funciones no buscan afectar el ejercicio del periodismo, sino responder a requerimientos de carácter estrictamente legal.

Finalmente, la Procuraduría General del Estado subrayó que, pese a estar adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sus decisiones son adoptadas con plena independencia y sin admitir injerencias políticas o mediáticas. Ratificó que su labor se guía por criterios técnicos y jurídicos, bajo el respeto al Estado de derecho y a los principios constitucionales.