Un reciente informe ha puesto en el centro del debate al Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), al señalarlo como un nodo estratégico de articulación de organizaciones que promueven la legalización y normalización del aborto en Iberoamérica. El documento describe que este consorcio se enmarca en la narrativa de los llamados “derechos sexuales y reproductivos” y cuenta entre sus miembros a influyentes entidades internacionales y sus filiales locales.

Según la investigación, CLACAI estructura su labor en tres frentes complementarios: el jurídico-político, el mediático-cultural y el tecnológico-práctico. En cada uno de estos espacios, la red vincula a operadores internacionales con organizaciones nacionales para coordinar acciones destinadas a modificar leyes, influir en la percepción social y proporcionar apoyo técnico en la materia.

El informe también resalta que varias de las entidades líderes de estos frentes han recibido financiamiento directo o indirecto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Entre ellas se encuentran la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), Planned Parenthood Global, Population Council, Pathfinder, Marie Stopes International y Women Deliver, actores de larga trayectoria en la promoción de políticas de aborto a nivel global.

En cuanto al trabajo territorial, el reporte documenta actividades de organizaciones afiliadas en 19 países iberoamericanos. Estas acciones incluyen acompañamiento a menores para realizarse abortos, elaboración de protocolos médicos junto a funcionarios públicos y la promoción de cambios normativos, en ocasiones al margen de la legislación nacional vigente. De acuerdo con el análisis, esta dinámica se sostiene gracias a redes internacionales y recursos de cooperación externa.

Las conclusiones del informe sostienen que CLACAI opera como una red transnacional orientada a instaurar el aborto legal como política pública regional, combinando incidencia cultural con apoyo técnico, jurídico y financiero. El documento advierte sobre la necesidad de transparentar sus vínculos y financiamiento, e invita a la ciudadanía, autoridades y organismos internacionales a reflexionar sobre las implicancias éticas y legales de respaldar a estas organizaciones.

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