La agrupación Unión Naval, integrada por oficiales en retiro de la Marina de Guerra del Perú, emitió un pronunciamiento en el que rechaza la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y exige al Ejecutivo denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos. En el documento, los miembros de la organización consideran que este organismo ha desnaturalizado su función y se ha convertido en un mecanismo de “persecución judicial” contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

El pronunciamiento sostiene que los jueces de la Corte IDH actuaron de manera parcializada en los procesos relacionados con el terrorismo entre 1980 y el 2000, otorgando beneficios a condenados por estos delitos, mientras que a los militares y policías procesados se les ha negado medidas similares. Según Unión Naval, esta situación evidencia una “carencia de imparcialidad” y un “hostigamiento implacable” hacia quienes participaron en la lucha contra la subversión.

En el texto también se advierte que la Corte IDH ha adoptado posturas que, a juicio de la agrupación, vulneran la Constitución peruana y exceden sus competencias. El comunicado recalca que la Convención Americana sobre Derechos Humanos es de carácter supletorio y no puede imponerse por encima de las leyes nacionales ni desconocer la soberanía del país.

Asimismo, Unión Naval cuestiona la “autoridad moral” de los magistrados de la Corte IDH y asegura que han actuado guiados por intereses ideológicos. Incluso citan el artículo 9 de la Convención, que establece que nadie puede ser condenado por hechos que no eran delitos al momento de cometerse, como un ejemplo de norma que, según su posición, no se aplica a favor de los miembros de las Fuerzas Armadas y la PNP.

Finalmente, la organización afirma que la adhesión del Perú a la Convención no fue aprobada bajo el procedimiento de reforma constitucional, por lo que tendría rango de ley ordinaria y estaría subordinada a la Constitución. En ese sentido, Unión Naval demandó a la presidenta Dina Boluarte denunciar el tratado y retirar al país de la competencia de la Corte IDH.