En San Isidro ha estallado una disputa vecinal contra uno de los proyectos inmobiliarios más ambiciosos de los últimos años, impulsado por el Grupo Centenario, conglomerado en el que participan dos de las familias más ricas del país: los Romero y los Brescia. El plan contempla levantar cuatro torres de 18 pisos en la intersección de la avenida Camino Real con la calle Lizardo Alzamora, algo que los residentes califican como una amenaza para la tranquilidad y el orden urbano del distrito.

Los opositores aseguran que la obra colapsaría la zona, incrementando la densidad habitacional y comercial en un punto ya congestionado. Según denuncian, el proyecto no hubiera sido posible sin un cambio de reglas aprobado por la Municipalidad de Lima mediante la Ordenanza 2670, emitida el 13 de noviembre de 2024 y firmada por Renzo Reggiardo. El documento modificó la reglamentación especial de la subzona B del distrito, ubicada entre la Huaca Huallamarca y el Bosque El Olivar, abriendo la puerta al desarrollo de nuevas edificaciones.

La compañía ha señalado que se compromete únicamente a no levantar viviendas de interés social, una condición que, lejos de tranquilizar, ha encendido más la indignación de los vecinos. Para los residentes, esta concesión no resuelve los problemas de saturación ni la pérdida de valor patrimonial del entorno.

El debate se mueve entre dos posturas irreconciliables. Mientras urbanistas defienden que densificar distritos como San Isidro con proyectos de vivienda vertical es una ruta hacia una ciudad más eficiente y con mejor aprovechamiento del suelo, los vecinos sostienen que la medida es irregular y que nunca fueron consultados. A ello suman la preocupación por la afectación que podría sufrir la Huaca Huallamarca y las áreas verdes del Olivar, espacios que gozan de protección histórica y cultural.

La controversia ha llegado incluso al plano político. Los vecinos acusan que la aprobación de la ordenanza respondió a presiones y a intereses empresariales, y lograron convencer a representantes de Renovación Popular para respaldar su oposición. La pugna promete escalar, pues enfrenta a una comunidad organizada contra un conglomerado con gran poder económico y político, en un distrito que históricamente ha buscado preservar su identidad residencial frente al avance del negocio inmobiliario.