La corporación peruana ApuCorp anunció su objetivo de operar cuatro minas de oro en el país hacia el 2030, con una inversión proyectada superior a los US$ 800 millones. Según su CEO, Carlos Tejada, uno de los pilares de este plan será la puesta en marcha de la mina Crespo, en Cusco, prevista para finales de 2025 con una producción inicial de 50,000 onzas de oro.

Además, presentarán próximamente los Estudios de Impacto Ambiental de dos nuevos proyectos en Puno y Ayacucho, que demandarán en conjunto US$ 700 millones en su fase de construcción.

Estos dos últimos proyectos, planeados para entrar en operación en 2028, aún se encuentran en etapa de perforaciones y definición de reservas, aunque ApuCorp estima que cada uno superaría las 500,000 onzas de oro. La compañía también ha previsto destinar recursos al desarrollo social: solo en la fase constructiva de uno de los proyectos se han presupuestado US$ 40 millones para iniciativas como becas y programas comunitarios en las zonas de influencia.

ApuCorp, conformada por 16 empresas de distintos sectores y con raíces en la familia del fallecido empresario Guido del Castillo, ha confirmado su interés en ampliar su participación hacia la mediana minería del cobre mediante alianzas estratégicas con firmas de gran escala. Tejada explicó que buscan integrarse en consorcios para el desarrollo de nuevos yacimientos, especialmente donde coexisten oro y cobre.

En paralelo, la corporación presentará a la Sunat una propuesta piloto para impulsar la formalización de la minería artesanal de oro. El proyecto incluye la instalación de módulos del ente tributario en refinerías para establecer contratos directos, trazabilidad y recaudación transparente de impuestos. ApuCorp ha solicitado una reunión formal para detallar esta iniciativa, que esperan se convierta en un modelo replicable en otras regiones.

Finalmente, la empresa proyecta concluir entre 2027 y 2028 los planes de cierre de minas asociadas a la familia Del Castillo, como Apumayo y Ancos. Según Tejada, el enfoque de ApuCorp incluye un compromiso con estándares ambientales avanzados, apuntando a operaciones con cero emisiones de carbono y al uso de energía solar, además de garantizar que no exista contacto entre las operaciones mineras y las fuentes de agua comunales.