Fuente: EL REPORTE

El Poder Judicial del Perú emitó una orden de captura contra cuatro cabecillas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) como parte de un proceso judicial relacionado con graves violaciones de derechos humanos y actos de terrorismo. La medida cautelar de prisión preventiva de 18 meses fue dictada contra María Lucero Cumpa Miranda, Alberto Gálvez Olaechea, Peter Cárdenas Schulte y Lino Manrique Tuya, quienes actualmente se encuentran en el extranjero, en países como Francia, España, Suecia y Guyana Francesa, respectivamente.

La orden de captura se basa en su presunta responsabilidad en cuatro eventos que resultaron en la muerte de once personas: los crímenes de "Las Gardenias", "Fransua", "Silvano" y "Salomón". Estos crímenes, que ocurrieron en la década de 1980, se llevaron a cabo como parte de la estrategia del MRTA, que incluía un plan de "Limpieza Social" dirigido contra diversas comunidades.

Imputaciones

Los implicados habrían ejercido su control sobre la organización mediante la aprobación de acuerdos y directrices desde el Comité Central de la red terrorista. Los actos violentos mencionados se llevaron a cabo por el Frente Nor Oriental del MRTA, que era la principal unidad operativa de la organización.

El asesinato en "Las Gardenias" tuvo lugar en 1989 cuando un grupo de terroristas del MRTA irrumpió en una discoteca en Tarapoto, San Martín, sacando a ocho personas y ejecutándolas. En 1990, otro acto violento resultó en la muerte del estilista Luis Alberto Pinchi Vásquez, conocido como "Fransuá". En agosto de 1991, se produjo la eliminación de Silvano Vela Carbajal en Sisa, San Martín, mientras que, en julio de 1992, el MRTA secuestró y asesinó a Salomón Pérez Armas, conocido como "Pacharaco".

El juez Ubaldo Callo, quien dictó la prisión preventiva, consideró que los investigados conocían las prácticas del MRTA contra las minorías sexuales y que habían abandonado el país en años anteriores mientras se desarrollaba esta nueva investigación judicial. Se cree que Gálvez Olaechea, Cumpa Miranda y Cárdenas Schulte se encuentran en Europa, mientras que el paradero de Manrique Tuya es desconocido, pero se cree que se encuentra en la Guyana Francesa.

Un proceso complicado

La extradición desde Europa plantea desafíos, ya que el Perú tiene tratados de extradición con España y Francia, pero no con Suecia, donde se encontraría Peter Cárdenas Schulte. Dado que los cargos que enfrentan podrían resultar en penas de más de 20 años de prisión, es poco probable que los acusados regresen voluntariamente al Perú.

Las defensas legales de los acusados han negado los hechos atribuidos por la fiscalía y han argumentado que no están prófugos de la justicia, ya que salieron del país cuando no había impedimentos legales para hacerlo. La prisión preventiva de 18 meses comenzará a contar una vez que los acusados sean puestos a disposición de la judicatura.

En declaraciones para el diario El Comercio, el abogado especialista en extradiciones Alberto Huapaya aseguró que uno de los desafíos clave en este caso es la posibilidad de extraditar a los acusados desde países europeos, donde actualmente residen. El Perú tiene tratados de extradición con España y Francia, pero no con Suecia, donde se encuentra Peter Cárdenas Schulte, uno de los acusados. Esta falta de tratado de extradición con Suecia podría complicar los esfuerzos para llevarlo de regreso al Perú.

El Perú puede buscar la extradición de los acusados en base a los principios del derecho internacional y la cooperación entre países. Sin embargo, la falta de un tratado específico con Suecia podría retrasar el proceso y generar desafíos legales adicionales.

Los desafíos legales asociados con la posible extradición de los acusados desde Europa y las negaciones de los hechos por parte de las defensas hacen que el proceso sea aún más difícil y tedioso. ¿Habrá justicia? La verdad es que de momento nada pinta bien. Tal vez se tendrá que esperar unos cuantos años a que llegue la notificación de la defunción de estos altos mandos del MRTA desde los países donde residen, como fue el caso de Martha Huatay. Después de todo, decir que el terrorismo en nuestro país no está extinto es un cliché que no muchos se toman en serio.

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