La estrategia militar de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de transportar droga en el Caribe y el Pacífico ha generado un debate internacional sobre su legalidad y eficacia. Desde septiembre, estas operaciones ordenadas por el gobierno del presidente Donald Trump han dejado 57 muertos, según cifras oficiales del Departamento de Defensa. Para Washington, los ataques forman parte de una lucha frontal contra lo que denomina “narcoterrorismo”.

El secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Marco Rubio, aseguró recientemente que la prioridad es impedir que la droga llegue a suelo estadounidense. “Si la gente quiere dejar de ver a las narcolanchas explotar, que dejen de enviar droga a Estados Unidos”, declaró tras ampliar la presencia militar hacia el Pacífico. En el último operativo, cuatro lanchas fueron atacadas y murieron 14 personas.

Funcionarios del gobierno estadounidense justifican la ofensiva diciendo que los carteles han sido declarados “organizaciones terroristas” y que existe un “conflicto armado”. Sin embargo, expertos en derechos humanos designados por Naciones Unidas han calificado los ataques como “ejecuciones extrajudiciales”, pues no cuentan con la aprobación del Congreso ni con procesos judiciales previos.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que las operaciones continuarán sin pausa. “Estos no son simplemente narcotraficantes, son narcoterroristas que traen muerte y destrucción a nuestras ciudades”, dijo en una declaración pública. Pese a ello, no presentó evidencia que vincule a las embarcaciones atacadas con acciones directas contra la seguridad estadounidense.

El eje de la polémica está en que la droga más letal en Estados Unidos –el fentanilo– no viaja por estas rutas marítimas. Ese opioide sintético es producido casi por completo en México con precursores químicos provenientes de Asia, especialmente China, y entra al país por la frontera terrestre, según la Agencia Antidrogas (DEA) y el Servicio de Investigación del Congreso. El año pasado causó más de 48.000 muertes por sobredosis.

En cambio, lo que sí se mueve entre Sudamérica y el mercado estadounidense por rutas marítimas y aéreas es principalmente cocaína. La producen casi en su totalidad Colombia, Perú y Bolivia, desde donde es enviada primero a países vecinos antes de ser transportada por el Pacífico o el Caribe hacia Centroamérica y México, para luego cruzar a Estados Unidos por tierra. La DEA estima que el 74% de la cocaína con destino a EE.UU. viaja por el Pacífico, mientras que solo el 16% utiliza rutas del Caribe.

A pesar del despliegue militar en el Caribe, los decomisos en esa zona representan un porcentaje reducido del total. Organismos como el Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Narcotráfico Marítimo señalan que la mayor presión estadounidense ha provocado un desplazamiento del tráfico hacia el Pacífico, efecto conocido como “efecto vejiga”: cuando una ruta se cierra, la actividad se mueve hacia otra.

Expertos advierten que el Caribe está recuperando relevancia debido a la presión ejercida sobre México y al aumento de producción y consumo de drogas. Países como República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Curazao han sido identificados como puntos estratégicos de tránsito, tanto hacia Estados Unidos como hacia Europa.

En medio de esta operación, crece la sospecha de que la ofensiva estadounidense tiene también un componente político. Analistas y gobiernos de la región consideran que el verdadero objetivo podría ser presionar un cambio de régimen en Venezuela. Trump y altos funcionarios han acusado al presidente Nicolás Maduro de formar parte del llamado Cartel de los Soles, algo que el mandatario venezolano niega, asegurando que la intención de Washington es “derrocarlo”.

Pese a las críticas y la falta de evidencia que vincule estas lanchas con el tráfico de fentanilo, la administración estadounidense insiste en que continuará con los ataques. Para los especialistas en narcotráfico, el escenario demuestra que el combate a las drogas sigue centrado en acciones militares, aun cuando los datos muestran que la mayor amenaza proviene de rutas terrestres y de laboratorios situados al norte de la región andina.