Por Carlos E. Gálvez Pinillos, expresidente de la SNMPE

 

Definitivamente, hemos llegado al punto en que, absolutamente nadie en las instituciones públicas tiene autoridad legal, ética y mucho menos moral, para fijar el derrotero de nuestro país.

 

Además del deterioro histórico, las elecciones pasadas llevaron al poder del Estado a gente que uno no se la hubiera imaginado “ni de porteros”, tal como se anunció respecto a Cerrón, el prófugo menos buscado del Perú. Y claro, con los “pergaminos” que exhiben, son capaces de hacer cualquier cosa o, dejarlas pasar.

 

En los últimos tiempos, hemos visto que el sistema judicial se comporta a su capricho, como si no existieran las leyes y la Constitución.

 

La JNJ ha destituido a la Fiscal de la Nación (funcionaria aforada), sin acusación constitucional debidamente consentida y aprobada por el Congreso.

 

Mientras tanto, el poder judicial, repone a una fiscal suprema destituida e inhabilitada, sin el levantamiento previo de la inhabilitación constitucional hecha por el congreso.

 

¿Alguien reaccionó? ¿El Congreso reaccionó de inmediato ante el Tribunal Constitucional (TC)? No, aquí a nadie le importa la legalidad, al punto, que la fiscal Barreto se ha atrevido a decir, “que los ciudadanos pueden estar presos hasta que demuestren su inocencia”.

 

Y para colmo, el fiscal de la nación, archivó la investigación a Vizcarra sobre compras indebidas relacionadas al COVID-19, lo que nos costó más de 200 mil vidas.

 

Por su lado, el Poder Judicial, a través de algunos jueces suplentes, se ha atrevido a paralizar la actuación del Congreso e inmiscuirse en procesos de elección de miembros del TC o del Defensor del Pueblo, entre otros, a pesar de sentencias previas del TC que indican, que esas son tareas exclusivas y excluyentes del Congreso.

 

El sistema judicial estaría actuando como mafia. De hecho, el sistema judicial le ha perdido el respeto al Congreso, pero claro, también entiendo que, salvo honrosas excepciones, “el pueblo” ha llevado al Congreso a una manga de impresentables, que no tienen ninguna autoridad intelectual ni moral, para actuar en nombre de la ley y la Constitución, refrendado por niveles de aprobación de sólo 6%.

 

En el ejecutivo, las cosas no son muy diferentes. El Congreso se los pasa por encima, promulgando la cuarta parte de las leyes, a pesar de las opiniones y observaciones del ejecutivo. No sólo eso, sino que ya perforaron la restricción constitucional de generación de gasto fiscal desde el congreso (S/50,000 millones en los últimos tres años), pero el ejecutivo no hace nada, con tal de subsistir. Y claro, 5% de aprobación no es un número como para ponerse “faite” con nadie, pero ni por decoro emiten una opinión, al extremo que, el ministro de economía y finanzas se ha visto obligado a ir al Congreso a pedir perdón por un comentario respecto a las leyes populistas promovidas desde el parlamento.

 

Lo que los congresistas han hecho en materia de destrucción del sistema privado de pensiones, la disposición de las cuentas CTS (compensación por tiempo de servicios), es otro horror. Obviamente, quienes mantienen saldo en cuentas CTS son aquellos que están formalmente empleados, caso contrario hubieran dispuesto de ellas. ¿Quién los va a mantener cuando pierdan el empleo? Respecto al retiro de los fondos de las AFP, ¿Quién se hará cargo de esos jubilados en su ancianidad, especialmente en estos tiempos de familias reducidas o sin hijos? Peor aún, por ley, están garantizando “pensión mínima” a quienes han retirado sus fondos previsionales. ¡Locura total!

 

Hay una competencia desenfrenada de populismo entre ejecutivo y parlamento:

1. El congreso quiere reducir a un año el plazo de prescripción de ciertos delitos, que los beneficia a ellos.
2. No legislan razonablemente sobre el chatarreo de vehículos de servicio público antiguos.
3. El ejecutivo prolonga de 15 a 35 años la antigüedad de vehículos de servicio público, para salir de circulación (para ellos no hay caos vehicular ni polución).
4. No legislan sobre el pago de papeletas de tránsito, pero lloran los accidentes.
5. No legislan o no consiguen los votos para impedir la participación electoral de los sentenciados por delitos penales graves.
6. Se permite la creación infinita de bancadas parlamentarias, etc.

Mientras tanto, la MML no hace nada por, junto con la ATU, mejorar el servicio de transporte público y reemplazar la chatarra rodante.

 

El sistema electoral no se queda atrás:

 

Permite la inscripción de partidos de gente inhabilitada para participar en política (casos A.N.T.A.U.R.O y Vizcarra), recurriendo a subterfugios que se los permita. Por supuesto, tampoco es capaz de hacer propuestas legislativas inteligentes, que permitan que nuestros procesos electorales mejoren, que la calidad de los candidatos no sea tan mala como la actual y no se ocupan de filtrar debidamente la calidad de los candidatos.

 

En medio de este “marasmo”, la prensa no ayuda, al no levantar públicamente los casos de corrupción explosiva que se dan en el sistema judicial:

 

(i) Las mafias existentes en la fiscalía, el poder judicial y la JNJ.

 

(ii) Tampoco la escandalosa injerencia de algunas ONGs, interfiriendo en los procesos y actividades fiscales (caso IDL incluido en órdenes de operaciones PNP).

 

La fiscalía y la policía no capturan a un número importante de prófugos de la justicia, que se atreven a aparecer de forma virtual para algunos procesos judiciales u opinando en redes sobre política y, entretanto, el Congreso no legisla un agravamiento de la pena para los prófugos (duplicar la pena en función del plazo en condición de prófugo, por ejemplo).

 

¿Qué les pasa?
¿Han vendido su alma al diablo?
O ¿Hemos agravado el tango cambalache?