Por Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE

Es clarísimo que las economías delictivas y sus representantes en el Congreso de la República “se pasan”. Ya perdieron la vergüenza y son capaces de plantear cualquier proyecto de ley, sin importar sus implicancias.

Hace poco, el congresista Jorge Flores Ancachi ha presentado el proyecto de ley 06035-2023-CR, para que el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), sea el comprador de todo el oro ofrecido por todas las personas naturales o jurídicas, públicas y privadas “legalmente establecidas”, estableciendo cómo se haría esta compra en moneda nacional, a cotización internacional, cómo se establecerían los servicios de refinación e indicando, cuáles serían las operaciones que podría realizar el BCR con ese oro. Ordena, además, que el BCR debe mantener un mínimo de 25 toneladas de oro en sus reservas.

Lo interesante del proyecto de ley, es que el argumento resulta siendo que, con estas compras, el BCR contribuirá a la “formalización” de la minería. En buen cristiano, nos está diciendo que quieren instalar en el BCR su “lavandería propia”, de forma que se santifiquen todas las transacciones de compra-venta de oro, de cualquier persona y sin hacer preguntas de su origen.

Quisiera hacer aquí algunos comentarios:

1. No corresponde hacer la formalización de la extracción ilegal de minerales en la comercialización del producto final, sino a lo largo de toda la cadena de producción, empezando por la propiedad minera.
2. El mecanismo invocado, recordando al Banco Minero, no es aplicable, pues esa institución empezaba por verificar la titulación de la propiedad y apoyaba en esa regularización, para a partir de ahí brindar todo el apoyo técnico, logístico y finalmente, comercial, comprando para vender de inmediato y no tomando posición, ni asumiendo riesgos de mercado.
3. Quien ha propuesto este proyecto, hace tabla rasa de la autonomía del BCR, pretende manejar por ley y sin ningún conocimiento, la emisión monetaria, la estructura de las reservas internacionales y la gestión de activos del banco.
4. Finalmente, resulta fundamental que tal como está planteado, están dándole a la economía ilegal y delictiva, su propia lavandería de dinero. Basta que un ciudadano se acerque al BCR a vender oro y nadie podrá cuestionar el origen de ese oro, ni cómo este mismo llegó a su poder, ni siquiera si fue fruto de un asalto.

Ciertamente, hay un gran deseo de los mineros ilegales y de los traficantes de oro, entre otros, por encontrar algún blindaje absoluto a sus actividades delictivas. Por supuesto que, sus alfiles en el Congreso, están más que dispuestos a santificar con una ley, ese tráfico y extracción ilegal de minerales. Total, para eso les han pagado sus campañas electorales y los seguirán solventando.

Si seguimos fomentando las actividades ilegales en el Perú, después no nos quejemos de la alta informalidad laboral, de la baja recaudación tributaria, de las brechas socioeconómicas subsistentes, ni de los altísimos niveles de delincuencia e inseguridad en el país, puesto que todo eso no es más que la consecuencia natural de estas actividades.

Están debilitando la institución más sólida de la historia del Perú y, eso, es como abrirle un pequeño agujero a un gran dique. A partir de ese momento, será imposible detener su deterioro.